Participación ciudadana y democracia

Es una ausencia que obsesiona, un vacío que ocupa mucho espacio. La desafección de los ciudadanos con la toma de decisiones en la vida pública y el cariño por las urnas durante las elecciones federales ha ido acentuándose en México durante veinte o treinta años. La vida pública va mal en muchos sentidos y las razones del malestar están ahora bien identificadas: la desconfianza en los políticos, la sensación de estar mal representados, el peso de los intereses privados en la toma de decisiones políticas, la sensación de inseguridad en la mayoría de las calles y plazas del país y la seguridad de que el dinero que cada uno trae en el bolsillo no alcanzará. Sin embargo, esta desconexión no parece poner en tela de juicio de la inmensa mayoría de los mexicanos el apego a los principios mismos de la democracia a la que nos hemos acostumbrado al mismo tiempo que nos habituamos a vivir en un país en el que era una costumbre la estabilidad de precios, la misma que de repente se rompió. Por el contrario, es confirmada por el INEGI en sus mediciones en las que la mayoría considera un valor el poder cambiar a los gobernantes a través de elecciones; por el contrario, a pesar de lo que trató de vender el presidente en la primera parte de su sexenio, hoy no parece haber un consenso entre los mexicanos a la hora de considerar si el sistema político funcionaría mejor si los ciudadanos estuvieran más involucrados en las grandes decisiones y buena parte considera que una buena forma de gobernar es tener un poder fuerte por el que no haya que preocuparse.

Esta situación es aún más preocupante dado que la década que está llegando a su fin habrá sido atravesada por poderosos vientos en contra. Por un lado, el terrorismo mundial, el populismo latinoamericano y la crisis del Covid-19 han reforzado la verticalidad del poder; la sucesión de estados de excepción ha diluido los límites entre democracia y autoritarismo. Por otro lado, la sustitución de lo que debieron ser grande proyectos nacionales se reemplazó por otros proyectos sexenales, y junto con la descalificación desde la cúpula del poder actual de las movilizaciones de movimientos tan diversos como las feministas o el de los familiares de los desaparecidos que han venido a sacudir la agenda del sexenio, desarticulando demandas sociales y democráticas, a través, por un lado, de la manipulación grotesca de la figura del referéndum de ciudadano por la autoridad y no a iniciativa ciudadana, y por otro, revelando con cada vez más claridad las intenciones del actual del sistema político para proyectarse a largo plazo.

Claramente, la participación ciudadana no puede improvisarse e impone un marco colectivamente definido de antemano, a riesgo, de lo contrario, de ser desviado o ignorado y de decepcionar aún más, como ha sucedido. Metódicamente se han desvirtuado y ridiculizado cada uno de los mecanismos disponibles para tal fin.  “La institucionalización de los mecanismos de participación ciudadana en la vida de una comunidad, así como una articulación fina, caso por caso y pensada de antemano con las instituciones en su lugar, son esenciales para enmarcar estas nuevas herramientas y evitar el riesgo de instrumentalización por parte del poder político, en particular para eludir estas instituciones parlamentarias”, dice Claudia Chwalisz, analista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, quien publicó, en diciembre, un informe que presentaba “ocho modelos para institucionalizar la deliberación pública representativa” con el fin de fortalecer la democracia.

Ciertamente esencial, la difusión masiva de mecanismos participativos no será suficiente para resolver una crisis democrática de una escala mucho más amplia, como la que algunos piensan que se avecina.

Para tener éxito en las muchas transiciones importantes que se avecinan en México, ineludiblemente y a pesar de quienes en este momento detentan el poder, nuestra generación es la primera que tendrá que cambiar voluntaria y radicalmente su modelo de sociedad. Si queremos cambiar las cosas, las decisiones ya no podrán venir de arriba, deberán ser negociadas. Estamos ante un inmenso reto democrático, el de forzosamente inventar otra forma de gobernar. Una forma que efectivamente tenga en cuenta los intereses y el bienestar de los ciudadanos. Eso sucederá tarde o temprano.