

Opinión José Antonio Rincón
Nadie duda que las normas vigentes son excesivamente prohibitivas y a veces chocan con la libertad de expresión.
A los políticos les encanta hablar del estado de derecho y de la democracia, más en tiempo electoral, con notas discursivas que ni ellos mismos se creen.
Si todo sucede conforme a lo programado, hoy se completa la dupla de candidaturas a la presidencia de la república de los dos grandes bloques que ocupan la escena de la política nacional. En este tiempo, hemos sido testigos cómo descaradamente transgreden la ley electoral, lo mismo el presidente de la República criticando abiertamente a los opositores, con lo que rompe el principio de equidad en la contienda, que los que no quieren llamarse pretendientes a la candidatura presidencial, pero lo son, igual de morena que del frente que aglutina al PAN, PRI y PRD, posicionándose en tiempos adelantados de campaña.
Los que participan en los procesos internos partidistas para lograr la candidatura a la presidencia de la República, conocen la ley electoral ya por sí mismos o por los expertos que en esa materia tienen los partidos políticos.
Y si eso es así, ¿Por qué violan tan descaradamente la ley electoral en un concurso de transgresiones?
Trataré de proponer mi opinión de este modo:
1.-El marco jurídico.
Se encuentra fundamentalmente en los artículos 41 y 134 de la Constitución General de la República y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE). Uno de los principios más importantes es el de la equidad en la contienda que en parte se traduce en no posicionarse anticipadamente o por parte de los servidores públicos la prohibición de utilizar recursos públicos para posicionar a denostar aspirantes o candidatos. Los recursos públicos comprenden no sólo dinero, sino un sinnúmero de especies, entre otras, instalaciones, recursos humanos, etc. El proceso electoral comenzará mañana, según el calendario del INE, mientras tanto, se supone que no puede haber actos de precampaña o campaña, pero los hubo.
2.-Los hechos:
-Los dos bloques llevaron a cabo procesos para seleccionar candidatos fuera de los tiempos que marca la ley,
-En esos procesos los contendientes perfilaron propuestas de gobierno.
-Las bardas de la república se llenaron de propaganda política a favor de los precandidatos de morena, sobre todo.
-Los aspirantes en mítines políticos, abierta o eufemísticamente pidieron el apoyo ciudadano para alcanzar la presidencia de la República.
-El presidente de la República diariamente se entromete en el proceso criticando y descalificando al frente opositor y particularmente a su candidata, quien no duda en responderle desde la tribuna del senado, convirtiendo su participación en un acto de campaña; tal parece que ambos son los contendientes.
3.-Conclusiones
La apuesta de los transgresores está en la medición que hacen de los costos de sus acciones, es decir, que obtienen más violando la ley que el tamaño de las sanciones que les pueden imponer las autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales.
Eso no es otra cosa que una burla por demás descarada no sólo a la ley, sino a las autoridades electorales que constitucionalmente son los árbitros de las contiendas, lo que daña su credibilidad y puede desalentar la calidad de las resoluciones.
Por tanto, se puede decir que en esos puntos la ley es ineficaz y aunque ya no es tiempo de modificarla, la próxima legislatura debe hacerlo, sobre todo en cuanto al modelo de comunicación política y los tiempos de campaña, porque nadie duda que las normas vigentes son excesivamente prohibitivas y a veces chocan con la libertad de expresión, lo que hace que la transgresión sea la regla y no la excepción, situación que en nada abona a un estado de derecho.
Resta decir que la fiscalización de los gastos de campaña, quizá sea un tema mucho más grave que los aquí someramente analizados, lo que amerita estudio y reflexión.