
Saúl Monreal Ávila, docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.
El proyecto de la presa Milpillas ha estado detenido por años debido a disputas políticas, resistencias locales y falta de consensos institucionales.
Amigas y amigos que siguen este espacio, como cada semana, les saludo con mucho gusto, soy su amigo Saúl Monreal, senador de Zacatecas, en el México del siglo XXI, el agua ya es un bien estratégico, no solo para la vida, sino como un recurso para el desarrollo . En un país cada vez más expuesto a la sequía, a la sobreexplotación de acuíferos y a los conflictos por el acceso a los recursos hídricos, Zacatecas se encuentra en un punto crítico. La viabilidad del proyecto hídrico de la presa Milpillas no es sólo una cuestión técnica o financiera: es un imperativo político, social y ético. La urgencia de su concreción exige voluntad, acuerdos y una visión de largo plazo que esté por encima de intereses partidistas, políticos o ambiciones de corto alcance.
El proyecto de la presa Milpillas ha estado detenido por años debido a disputas políticas, resistencias locales y falta de consensos institucionales. Sin embargo, los problemas que pretende resolver —el abasto de agua potable para la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe, así como el desarrollo agrícola y la recarga de mantos acuíferos— se han agravado. La falta de agua ya no es un riesgo futuro: es una realidad cotidiana para miles de familias y sectores productivos en el estado.
Ejemplos recientes en el norte del país nos muestran que el conflicto por el agua es una bomba de tiempo. La disputa entre Chihuahua y Estados Unidos por el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, así como la creciente tensión en Baja California y Sonora por el reparto de agua del Río Colorado, revelan lo frágil que puede ser la gobernabilidad cuando no hay gestión adecuada del recurso. Zacatecas debe aprender de estos escenarios y anticiparse a una crisis que, de no atenderse, afectará la estabilidad económica y social del estado.
Por eso, es indispensable que todas las fuerzas políticas, las comunidades locales y el gobierno federal retomen el proyecto de Milpillas con una lógica de concertación y responsabilidad compartida. Esto no significa ignorar las preocupaciones legítimas de algunos sectores —especialmente las comunidades campesinas que han expresado dudas sobre el impacto ambiental y social—, sino construir un acuerdo que respete derechos, garantice transparencia y asegure una distribución equitativa del agua.
El agua no puede seguir siendo rehén de cálculos electorales ni de intereses mezquinos de políticos o grupos arribistas. La infraestructura hídrica, como la presa Milpillas, debe ser concebida como una política de Estado. Y es precisamente ahora, en medio del agotamiento de fuentes tradicionales de abastecimiento y del acelerado cambio climático, cuando más se necesita esa altura de miras, Zacatecas tiene una oportunidad histórica de encabezar un modelo hídrico moderno, participativo y sostenible. Nos leemos en la siguiente colaboración, gracias.