La justicia federal y los grandes evasores de impuestos
Opinión José Antonio Rincón
Más de la mitad de las personas económicamente activas no contribuye al fisco, según el servicio de administración tributaria.
El artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República, establece la obligación de los mexicanos de contribuir en los gastos públicos de las tres esferas del poder, para luego agregar este fragmento sustancial: “de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”
Más de la mitad de las personas económicamente activas no contribuye al fisco, según el servicio de administración tributaria, lo que hace que por año se pierdan casi quinientos mil millones de pesos.
No obstante esa cifra impresionante no puede catalogarse en general como evasores de impuestos, es decir los que deliberadamente defraudan al fisco. Los más de 29 millones de personas a que equivale esa porcentualidad corresponde a los trabajadores independientes que viven al día y sin prestaciones sociales, lo que es obligación del estado. Además la falta de pago se refiere al impuesto sobre la renta, pero nada se dice del pago del IVA que casi en todos los productos pagamos todos.
Si apenas obtienen para vivir al día millones de mexicanos, no estarían obligados a pagar impuestos, porque donde quedaría el principio de equidad.
En realidad los evasores de impuestos son las grandes empresas que deliberadamente hacen malabares técnico contables y jurídicos para no pagar o pagar menos impuestos.
Para esto, esos conglomerados tienen despachos contables y de abogados altamente calificados para atender exclusivamente lo relativo a la evasión.
La evasión es en cuanto al pago del impuesto sobre la renta, pero no se habla del impuesto al valor agregado que retienen y deben enterar al fisco los grandes contribuyentes. Allí es donde está la gran cuestión, pues mientras los trabajadores formales son contribuyentes cautivos, las grandes empresas recaudan y deciden lo que enteran al fisco.
Estos grandes evasores hacen un monto de quinientos mil millones de pesos. Y aquí es donde está el gran nudo. Esa cifra se ve ínfima con gastos de programas sociales que tanto critican los grandes evasores.
La riqueza de esos evasores les permite litigar contra el fisco miles de millones de pesos, en juicios que alargan por años y no pocas veces con la complicidad de algunos jueces y magistrados federales.
En todo eso tiene razón el discurso oficial, pero donde falla es en generalizar la corrupción, porque donde principalmente anida es en los tribunales que conocen de esos cuantiosos asuntos con el contubernio de despachos influyentes, como así lo evidenció el libro Traición en palacio, el negocio de la justicia en la 4. Y por cierto cobijados hasta por el jurídico de la presidencia de la república como lo denunció ese libro.
Además los juzgados federales de élite sólo están en la CDMX.
Pero el grueso de los asuntos del poder judicial es resuelto por jueces y magistrados calificados y honestos.
Ese es el verdadero panorama. Con los juicios los potentados ganan tiempo o si es con ayuda hasta absoluciones, pues si hay delito fiscal no se procede contra ellos.
El empresario Salinas Pliego, el potentado más mediático, que como los demás han acumulado grandes fortunas así sea el régimen de cualquier color y desde luego igual que el gobierno, solicitó de la Suprema Corte separar del conocimiento de sus añejos asuntos (alargamiento de tiempo que con una y otra figura jurídica promueven los abogados) a la ministra Lenia Batres, lo que así se decretó.
Igual que ese potentado, la ministra Batres es muy activa en sus redes sociales con posturas que tienen el color de propagandista del régimen y en ese contexto se le fue con todo al señor Salinas Pliego.
En el caso, el potentado tiene razón, aunque es lamentable su lenguaje soez, la ministra olvida o le vale, que como juez le está prohibido por la ley prejuzgar de los asuntos que conoce, porque sus opiniones constituyen estar del lado de una parte, lo que rompe la objetividad e imparcialidad de juzgadora y puede haber hasta responsabilidad.
La ministra muestra que no es su vocación la de juzgadora y quita valor y prestigio al trabajo de jueces capacitados y honestos.
Pero el hecho de que el impedimento proceda, no quiere decir que quien lo promovió tenga razón en lo que es el fondo de la cuestión del litigio, la negativa a pagar miles de millones de pesos.
Si los grandes evasores cumplieran, o en los juicios no esté presente la corrupción, los cuantiosos recursos no irían a paraísos fiscales, sino en servicios para la ciudadanía.
¿Cómo ve usted, apreciado lector?
