La corrupción y el Estado de Derecho

Bien lo ha dicho el Presidente AMLO ante el Consejo de Seguridad de la ONU: “ El principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: La política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera, y es la causa principal de la desigualdad, la pobreza, la frustración, la violencia, la migración y graves conflictos sociales”.

Si no la detenemos, la corrupción terminará por imponerse al Estado de Derecho, y nos hundirá en la ignominia, en la vergüenza, y acabará con la democracia para dar paso al gobierno del más poderoso.

El Proyecto de Justicia Mundial (WJP), que estudia los sobornos, la influencia indebida de intereses públicos o privados y especialmente la malversación de fondos públicos u otros recursos, midiendo la corrupción en funcionarios de los tres niveles de gobierno, concluyó en el estudio de este año, que nuestro país salió muy mal librado, pues ocupó el lugar 113 de los 139, bajando un escalón con respecto al año anterior, y destaca en la medición relacionada con la corrupción, pues nos ubicamos en el lugar 135; siendo sólo superado por cuatro países que son Uganda, Camerún, Camboya y República del Congo, destacando como los menos corruptos Dinamarca, Noruega, Singapur, Suecia, Finlandia y Nueva Zelanda.

La corrupción crea un efecto demoledor en el Estado de Derecho la sociedad, por lo que debemos detenerla con un plan integral de acción que involucre a la sociedad y al gobierno, para luchar contra toda forma de corrupción, sancionando de inmediato y severamente y exhibiendo a los corruptos, lo que implica poner énfasis en una agenda legislativa para establecer reformas en todos los ámbitos orientadas a institucionalizar la prevención y la lucha contra la corrupción; cuidar que no haya candidatos a puestos de elección popular, ni funcionarios, que tengan sentencia firme por corrupción o investigaciones en proceso; transparentar los procesos de adquisición y contratación de obras y servicios por parte de las instancias gubernamentales; propiciar la participación ciudadana en la observación, investigación y denuncia de actos de corrupción y en el cuidado de la declaración de intereses de funcionarios y empleados y cuidar que jueces y fiscales actúen con la mayor objetividad y honestidad y racionalizar el gasto, entre otras cosas.