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Rafael Sánchez Andrade.
La promoción y el reconocimiento son los principales instrumentos para hacer realidad ese mandato constitucional y fortalecer la carrera docente.
El artículo 3.º de la Constitución y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros , que continúa vigente, establecen que el Estado debe revalorizar a las maestras y los maestros mediante políticas que fortalezcan su desarrollo profesional, reconozcan su experiencia, impulsen su formación continua y generen condiciones para dignificar la función docente. La promoción y el reconocimiento son los principales instrumentos para hacer realidad ese mandato constitucional y fortalecer la carrera docente.
Sin embargo, su implementación ha seguido trayectorias distintas. Mientras la Educación Básica consolidó un Programa Nacional de Promoción Horizontal con incentivos permanentes y diversos mecanismos de reconocimiento, la Educación Media Superior, con 325,208 docentes, dispone de un programa de reconocimiento, pero carece de promoción horizontal, pese a compartir los mismos principios de revalorización docente.
La Educación Media Superior no necesita comenzar desde cero. Las direcciones generales de la Subsecretaría de Educación Media Superior diseñaron una propuesta de Promoción en la Función por Incentivos, que fue presentada por la USICAMM ante la SHCP para su autorización; sin embargo, esta no fue otorgada.
La propuesta partía de un principio fundamental: la revalorización docente debe traducirse en oportunidades reales de desarrollo profesional. Establecía procesos públicos, transparentes, equitativos y voluntarios, sujetos a suficiencia presupuestaria, con convocatorias anuales y reglas claras. Su propósito era reconocer el mérito profesional mediante incentivos económicos vinculados al desempeño, los conocimientos, las capacidades, la formación continua y la contribución al aprendizaje de las y los estudiantes.
Una de sus principales fortalezas era adoptar un modelo multifactorial de evaluación. La promoción no dependía de un único examen, sino que consideraba la trayectoria, experiencia, práctica docente, trabajo colegiado, tutorías, innovación educativa y resultados institucionales, fortaleciendo el reconocimiento al mérito desde una perspectiva integral y acorde con la complejidad de la práctica docente.
La propuesta concebía la carrera docente como una política integral de desarrollo profesional. Más allá de los incentivos económicos, planteaba fortalecer la formación académica, la actualización disciplinar y pedagógica, el desarrollo de habilidades digitales, el acompañamiento entre pares, las tutorías, la innovación educativa y la disminución de la carga administrativa. Asimismo, articulaba los procesos de ingreso, promoción, promoción interna, estímulos al desempeño, compactación y regularización de plazas, evitando que funcionarán como programas aislados.
La propuesta reconocía las características propias de la Educación Media Superior. En lugar de replicar el modelo de Educación Básica, planteaba un programa flexible, pertinente y equitativo, capaz de responder a la diversidad de sus subsistemas y reconocer el mérito docente.
La construcción de un nuevo marco para la carrera docente representa una oportunidad para recuperar estos avances, corregir las diferencias entre niveles educativos y consolidar una política de revalorización que garantice oportunidades equitativas de desarrollo profesional para el personal docente. Más que iniciar un nuevo modelo, el desafío consiste en aprovechar la experiencia acumulada, fortalecer las propuestas técnicamente viables y construir un sistema de carrera docente más equitativo, pertinente y capaz de responder a los desafíos de la Educación Media Superior y del Sistema Educativo Nacional.
