Julio César Chávez amparado por la justicia federal

Si de algo está orgulloso nuestro país es de la creación del popular juicio de amparo, venido al mundo en el siglo XIX, tanto que sus creadores y primeros padres Crecencio Rejón y Mariano Otero son venerados en el panteón de la judicatura nacional.

Digo los primeros padres, porque en el curso del tiempo ha tenido otros, grandes juristas que ampliaron y mejoraron dicho instrumento jurídico por antonomasia en la defensa de los derechos humanos, contra las arbitrariedades del poder, que es lo que lo hace tan importante para los mexicanos. Entre ellos está el paisano ministro Miguel Auza que contribuyó a la creación del amparo judicial, al resolver el “Amparo Vega” allá por la segunda mitad del siglo XIX.

El orgullo nacional crece porque ese instrumento de defensa de los derechos humanos ha sido replicado en otros países.

Sin embargo, un juicio que debería de ser muy simple, se ha colmado de tanto tecnicismo en su trámite y en sus sentencias que muchas veces, estas se hacen inentendibles para el ciudadano común, circunstancias que no le restan su objetivo.

Una de las figuras del juicio de amparo que a veces causa tanta polémica es la suspensión del acto reclamado, porque se considera algo así como si de antemano y desde el inicio el que promueve el amparo ya obtuvo sentencia a su favor.

La razón de ser de esa figura es la preservación de la materia del amparo, porque esperar hasta la sentencia definitiva en muchos casos, la misma desaparece porque se consumó el acto que de la autoridad se reclama. Y si eso pasara, el juicio de amparo sería inútil y ya no sería un instrumento eficaz en la defensa de los derechos de las personas, por ejemplo detenciones arbitrarias, despojos, etc.

Cuando así corresponde, la suspensión del acto que se reclama que se otorga al iniciar el juicio, es medida cautelar, es decir temporal o provisional, en tanto llega la sentencia definitiva, que puede confirmar esa medida o revocarla.

Un gran número de juicios de amparo se promueven por violación al debido proceso, derechos fundamentales que recoge la constitución y los tratados internacionales.

Así, cuando ciertos funcionarios son acusados de un delito, sólo puede dictarse una orden de aprehensión en su contra, una vez que se remueve o quita la inmunidad que los protege.

Luego, si se dicta una orden de aprehensión contra el funcionario sin haberle quitado la inmunidad, popularmente conocida como fuero, es una violación grave al debido proceso y el juzgador federal en sentencia definitiva y ya no como medida cautelar, debe conceder la protección y amparo de la justicia federal para que se deje sin efecto la orden de aprehensión.

Esto no quiere decir que la persona beneficiada con esa sentencia ya es inocente: uno, porque no se resuelve sobre culpabilidad y dos, que de ser el caso no hay razón para que no pueda dictarse una nueva orden de aprehensión, retirado legalmente el fuero o inmunidad.

Los anteriores comentarios se derivan de las notas periodísticas que dan noticia de la concesión de un amparo en las circunstancias señaladas al que fue presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas Julio César Chávez Padilla, lo que no implica impunidad ni que no pueda ser detenido si se libra nueva orden de aprehensión; el amparo concedido no le sirve para huir, pues ya era prófugo.

Por eso, la reacción del Fiscal es correcta y de esperarse: pedirá al juez, nueva orden de aprehensión.

El hecho desde luego adquiere necesariamente matices políticos por el personaje y la acusación tan grave de homicidio que sobre él pesa, aunque sigue considerándose inocente, hasta en tanto se demuestre lo contrario; en todo caso, es un indiciado, es decir, que hay indicios de culpabilidad.

Lo que es innegable es que los hechos ponen en evidencia a las instituciones públicas en descuidos de requisitos tan elementales en un proceso penal contra un servidor público.

El tiempo nos dirá lo que suceda con tan grave caso.

Y ahora sí parece que ya merito Sala Monterrey nos dirime la cuestión Zacatecas o espera hasta que regrese la magistrada Claudia Valle que fue llamada a Sala Superior sólo para resolver lo de la elección de la presidencia de la república.

[email protected]