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El nuevo modelo para el Poder Judicial no fortalece la justicia; la convierte en instrumento de obediencia y cálculo electoral.
El miércoles pasado, una ironía judicial quedó expuesta con toda crudeza: el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó, por unanimidad, los nuevos aranceles de Donald Trump contra México. Lo hizo invocando la Constitución, la separación de poderes y los límites legales al presidente. En paralelo, el gobierno mexicano avanza en sentido contrario: impulsa una reforma que politiza el Poder Judicial bajo el disfraz de una elección “democrática”. Mientras los jueces norteamericanos frenan un exceso de Trump, en México el Poder Ejecutivo insiste en seguir siendo dueño y señor del Judicial. Todo con el aplauso sumiso de legisladores morenistas, verdes y petistas y el silencio cómplice de amplios sectores que antes se decían defensores de la legalidad.
Los jueces Gary Katzmann, Timothy Reif y Jane Restani, nominados por Barack Obama, Donald Trump y Ronald Reagan, respectivamente, invalidaron los aranceles impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al considerar que no existía una amenaza “inusual y extraordinaria” que justificara tales medidas. Dijeron que ni los déficits comerciales ni el tráfico de fentanilo bastan para activar esa herramienta legal. La resolución anuló, con efecto en diez días, un arancel del 25% sobre productos mexicanos fuera del T-MEC y otro del 10% sobre energía y potasa, aunque la Casa Blanca ya apeló.
El tribunal fue más allá: recordó que el comercio exterior es facultad del Congreso, no del presidente. Citó precedentes clave —como Youngstown v. Sawyer y Marbury v. Madison— para afirmar que ningún mandatario puede arrogarse poderes sin respaldo legal claro. Así, los jueces defendieron el orden constitucional y evitaron que una medida arbitraria encarezca bienes, deteriore cadenas de suministro y dispare la inflación. Su decisión no sólo fue jurídica; también fue un acto de contención institucional frente a un intento de abuso autoritario.
Mientras eso ocurre en EEUU, en México se socava más la endeble independencia judicial con la reforma que el domingo venidero permitirá elegir a los juzgadores por voto popular. Lejos de empoderar al pueblo, se legalizará el control político del Poder Judicial. Lo que antes se hacía en lo oscurito, ahora se refrendará en las urnas: la subordinación al Ejecutivo ya no será vergonzante, sino institucionalizada. No es democratización, es colonización del derecho. El nuevo modelo no fortalece la justicia; la convierte en instrumento de obediencia y cálculo electoral.
Trump, por su parte, aún tiene opciones: apelar ante el Circuito Federal, llevar el caso a la Suprema Corte o recurrir a otras leyes para justificar sus aranceles bajo argumentos de seguridad nacional o comercio desleal. También puede presionar con medidas financieras o renegociaciones comerciales. Pero ninguna de estas vías será rápida ni sencilla, y todas enfrentarán obstáculos legales y políticos.
Lo insólito es que, en este episodio, México haya sido salvado por los jueces de otro país. Jueces que aplican la ley, no la obedecen. Jueces que frenan al presidente, no lo respaldan. Jueces que honran la Constitución, no la reescriben por encargo. Una justicia que, irónicamente, funciona para proteger a un país donde se le está enterrando.
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