Era la oportunidad

Estamos en tiempos inéditos que ya son objeto de estudio de politólogos, economistas y juristas. A este contexto de acontecimientos políticos, económicos y sociales inéditos en nuestro país, en las primeras décadas del siglo XXI, ahora se suma la polémica renuncia del magistrado Medina Mora. Una polémica y polarización que viene desde su designación por parte del presidente Enrique Peña Nieto, cuya propuesta generó dudas e incertidumbres en el Poder Judicial Federal, y no pocos lo catalogaron como una invasión directa del Poder Ejecutivo que rompía la carrera judicial y la meritocracia en el Poder Judicial.

Desde la difusión de la carta de renuncia dirigida al Poder Ejecutivo Federal y su mediatización, comenzaron a ser públicas las denuncias e investigaciones ante la Fiscalía General de la República en contra del magistrado (el cual es acusado desde violaciones a los derechos humanos en su paso por la administración pública, hasta lavado de dinero y delincuencia organizada), el escándalo fueron los depósitos en un banco en Londres. El contexto de la renuncia presupone todo un proceso jurídico en marcha.

La sesión del Senado del martes pasado, donde este actúa como una oficina de trámites aprobando por una mayoría absoluta -111 votos a favor- la renuncia del ya exmagistrado, muestra demasiados síntomas poco alentadores de la fortaleza del régimen y el sistema político.  El Senado no acató las hipótesis jurídicas marcadas en la Constitución Política de nuestro país en su parte referente a  los procedimientos de control, denominados Juicio Político y Juicio de Procedencia. El juicio político procede cuando el servidor público comente faltas graves, la Cámara de Diputados actúa como acusador y el Senado como juzgador para emitir sentencia, las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

En tanto el juicio de procedencia, solo corresponde a la Cámara de Diputados y consiste en que la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

También puede darse un procedimiento conjunto donde se separa al servidor público del cargo y se pone a disposición de las autoridades que correspondan (penal, civil, mercantil, fiscal). El caso en cuestión da para un procedimiento de esta naturaleza.

Si el Senado no hubiera sido omiso, esta hubiera sido una de las mayores pruebas de fortaleza de  nuestra democracia y sus instituciones. Hubieran demostrado que fusionan y gozan de cabal salud. Sin embargo, eludieron el test de la Constitución. Las dimensiones de haber perdido esta oportunidad histórica de ejercer a plenitud el Estado de Derecho y la Democracia Constitucional pesarán a la historia política de nuestro país en el siglo.

Nota. Lo protegieron hasta el final.