
Saúl Monreal Ávila, docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.
En cada sexenio, el saldo fue similar: miles de maestros sancionados, la criminalización de líderes y la erosión de la confianza entre profesores, padres y comunidades fue el pan de cada día.
Desde finales de los noventa, el magisterio mexicano ha sido epicentro de resistencias potentes contra la lógica neoliberal. Aquella estrategia que empujó la “flexibilización” laboral, la evaluación punitiva y la criminalización de la protesta dejó una estela de docentes sancionados, comunidades fracturadas y un derecho a la educación pública cada vez más débil. Sin embargo, hoy la narrativa está dando un giro, de entrada, sus voces y demandas son tomadas en cuenta.
Antes de decir que hoy no se atienden a los maestros, debemos recordar que Ernesto Zedillo abrió el camino de la descentralización educativa, colocando a las secretarías estatales la responsabilidad de nómina y control burocrático, pero fue Vicente Fox quien instituyó evaluaciones estandarizadas como requisito para acceder a plazas, desligando al magisterio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y sembrando desconfianza en la comunidad escolar. Bajo Felipe Calderón, el uso de la fuerza pública contra movilizaciones en Guerrero y Oaxaca marcó un punto de inflexión: el maestro dejó de ser un actor de reforma social para convertirse en “objetivo” de la supuesta defensa del orden público. Enrique Peña Nieto refinó ese enfoque con la Ley General del Servicio Profesional Docente (2013), que transformó la evaluación en expulsión automática: un paso más hacia la mercantilización de la labor docente y el debilitamiento sindical.
Y es que, en cada sexenio, el saldo fue similar: miles de maestros sancionados, la criminalización de líderes y la erosión de la confianza entre profesores, padres y comunidades fue el pan de cada día. Lo que se vendía como “calidad educativa” se tradujo en compra de plazas, medición estrecha de resultados y un sistema que premiaba la obediencia, no la pedagogía. Las huelgas y plantones de la CNTE —desde la histórica movilización de 2006 en Oaxaca hasta los bloqueos masivos de 2013 en la Ciudad de México— pusieron en evidencia el costo humano y social de ese modelo: mientras los docentes luchaban por sus derechos, el gobierno los estigmatizaba como “privilegiados” y “peligrosos”.
Nuestro movimiento busca la “revalorización del trabajo docente” y la restitución de un diálogo respetuoso con los sindicatos, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en más de una ocasión, calificó como “pueblo iluminado” al magisterio y se comprometió a revertir recortes presupuestales y a mejorar las condiciones laborales. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reiterado la necesidad de una política educativa construida desde la experiencia de los profesores y ha demostrado disposición para hacerlo.
Aunque siguen pendientes temas que ameritan la más profunda discusión sobre currícula, finanzas y autonomía escolar, el efecto político de este cambio de postura es innegable: por primera vez en décadas, la administración federal muestra la mayor apertura a darle la voz a las maestras y maestros dejando atrás la lógica coercitiva y el uso de la fuerza pública, no, esa no es nuestra idea de dialogo.
Y aunque el reto sigue siendo mayúsculo, la disponibilidad y apertura al dialogo por parte de nuestro movimiento, también lo es, nos leemos en la siguiente colaboración.