El derecho y la justicia

Hace unas semanas, el Jefe del Ejecutivo federal en cierta forma recriminó al senador Ricardo Monreal Ávila de que más que en la justicia estaba posesionado que en el derecho.

Tal afirmación vuelve a repetir lo que el mandatario considera como su verdad, sin tomar en cuenta la realidad que debe imperar en un país en que es fundamental, el estado del derecho.

En efecto, en la mayoría de las legislaciones del mundo moderno, existen normas, sea federales o locales, que integran el llamado Derecho Positivo. Este sistema se encuentra contemplado en normas jurídicas debidamente compendiadas en distintos códigos y leyes aprobadas por los legisladores de cada país, sean de carácter civil, mercantil, administrativo-fiscal y más que para el propósito que nos ocupa el derecho penal, así como el de procedimientos penales.

En efecto, los encargados de impartir justicia, siempre tienen como fundamento un derecho codificado al que deben someterse, sea para precisar el tipo de los delitos que el propio código penal señala como imputables para una persona y para tal efecto están obligados a seguir las normas procesales aplicables en cada procedimiento que los lleve a juzgar si el implicado en una conducta delictiva ha de recibir tal o cual pena, sea de privación de la libertad, el plazo que dicha pena tiene que purgarse y todo ello basado en las pruebas que las fiscalías competentes y las partes involucradas exhiban ante el juzgador para que reciba y pondere si son determinantes o no para aplicar la totalidad de la pena o si hay algunos méritos que las disminuyan.

La falta de un derecho de tipo penal, claramente derivado de una ley suprema y en leyes secundarias que deriven de esta, no pueden ignorarse en un sistema judicial como es el de nuestro país.

Hay muchos ejemplos en que personajes de toda la historia de la humanidad, siguiendo una posición de tiranos, autócratas y egocentristas, decidan sin tener fundamento en alguna norma, imponer penas a su gusto, como estamos viendo en estos momentos que ilusos, protagonistas del caos que se sienten alentados por sus propios razonamientos, sin sujetarse a cualquier norma jurídica, determinan que personas opuestas a su forma de poder, sean perseguidas, investigadas, encarceladas, expatriadas y hasta fusiladas por presuntos delitos de traición a la patria.

Sería muy largo enumerar naciones que estén regidas por sistemas dictatoriales, pues ello ha ocurrido a través de todos los siglos de la humanidad en regiones muy específicas que olvidan la necesidad de un proceso legal en beneficio de los presuntos violadores de que a su entender deben ser ajusticiados, por lo que todos conocemos lo que ha acontecido en la historia reciente de esos sistemas dictatoriales sin el respeto a los derechos, principalmente humanos, consagrados en garantías constitucionales y en las leyes que se ellas emanan.

Así, las garantías de audiencia previa y del debido proceso no se toman en cuenta en ningún momento, ni siquiera para juzgar con deficiencias, sino para imponer la voluntad de los poderosos. Es entonces válido concluir como dice el título del presente artículo, que primero ha de aplicarse el derecho y derivado del propio derecho, estando debidamente codificado los juzgadores de todo tipo, debe o no implicar la justicia.