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16 de enero

16 de enero

EL COSTO DE LA DEMOCRACIA

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Jaime Santoyo Castro.

El dinero es un tema que resulta muy relevante en el devenir de la democracia y en el diario quehacer gubernamental. El ingreso y el gasto público, en la mayoría de las veces, se ponen por encima de las necesidades sociales, de las metas, de las estrategias y del curso de la historia.

 

En muchas ocasiones se ha discutido el costo que representa la organización y desarrollo de los procesos electorales, calificándolo de excesivo frente a las necesidades de alimentación, salud, seguridad, justicia, empleo, etc; y se pone frente a frente el dilema de: disminuir el gasto de las elecciones y aplicar los recursos en otras necesidades ¿A dónde nos conduce la razón?

 

El INE y sus antecedentes nacieron como una respuesta al reclamo de los Partidos de oposición para que el Gobierno, particularmente en la época del partido único gobernante, dejará de aplicar recursos públicos a las campañas, para que hubiera procesos transparentes y equitativos, se respetara el voto y se diera paso a la alternancia, y eso sucedió. Ya hay alternancia, y debe garantizarse para siempre. Eso es un triunfo del sistema de partidos en México; y de nadie en particular; luego entonces, a nadie le está permitido parapetarse en la institución para enarbolar la bandera de la democracia, que repito, es producto de luchas históricas.

 

Nadie debe cerrarse al análisis y/o la crítica relacionada con la posibilidad de los gastos excesivos, que en muchas ocasiones, sí los hay. Las tentaciones de disfrutar gustos con dinero ajeno estarán siempre presentes en todos lados, particularmente en el ámbito de la administración pública, y me parece que es tiempo de ponerle un hasta aquí en todos los niveles, en todas las instancias y en todas las latitudes. En eso estoy muy de acuerdo con las expresiones del Presidente López Obrador y del gobernador David Monreal.

 

Tanto el Ejecutivo Federal como los de los Estados y Municipios, tienen como encomienda esencial el manejo, custodia y aplicación de los fondos públicos, conforme a los planes de desarrollo para imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación.

 

Estos son los postulados de nuestra Constitución en su artículo 26, y deberán guiar la solución en cualquier disputa de recursos, centrados en la racionalidad del gasto y en el interés superior de la nación, sin sacrificar nuestros valores.

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