Julieta del Río

Mayo es el mes en que las personas servidoras públicas deben presentar su declaración de modificación patrimonial y de intereses; el plazo corre del 1 al 31. Es un ejercicio fundamental de rendición de cuentas.

La declaración patrimonial implica reportar lo que se tiene: ingresos, bienes, cuentas y deudas. Inicia con la declaración inicial al ingresar al servicio público, continúa con las actualizaciones anuales y concluye con la declaración final al terminar el encargo. Cada una debe guardar congruencia con la anterior, reflejar los cambios reales en el patrimonio y ser coherente con la información bancaria, fiscal y financiera.

En pocas palabras: lo que se declara debe coincidir con la realidad, bajo protesta de decir verdad.

A lo largo de los años, hemos conocido casos de servidores públicos que presentan declaraciones que rayan en lo irreal: ingresos mínimos, cuentas casi vacías, ausencia total de bienes. Versiones que difícilmente resisten el contraste con el nivel de vida que presumen en redes sociales. Esto constituye una falta administrativa grave y, sobre todo, una burla a la ley y a la ciudadanía.

No es delito tener patrimonio ni trabajar para mejorar la calidad de vida; eso es legítimo. El problema no es lo que se tiene, sino lo que no se declara.

La transparencia no castiga la riqueza bien habida; sanciona la simulación, la doble moral y el discurso engañoso.

De acuerdo con un reportaje del Diario Z, hasta el 70% de funcionarios no cumplen con publicar sus declaraciones patrimoniales. El dato es alarmante, más aún cuando se acompaña de casos documentados, como en el estado de Baja California, donde se han señalado omisiones en la declaración de bienes adquiridos por funcionarios de alto nivel durante su gestión. Sin embargo, este no es un caso aislado; esta práctica se ha extendido en distintas entidades del país.

El patrón se repite: llegan al cargo con un patrimonio modesto y, en poco tiempo, pero muy poco tiempo, su  economía cambia de forma radical. Aparecen propiedades, negocios, vehículos, artículos de lujo. Lo cuestionable no es el crecimiento patrimonial en sí, sino la falta de congruencia entre lo que se vive y lo que se declara. La incongruencia del discurso y su realidad.

Porque cuando un servidor público reporta ingresos que no alcanzan ni para sostener su estilo de vida, lo que está en juego no es solo un documento: es la credibilidad institucional.

Las declaraciones deben presentarse y publicarse en versiones accesibles en los sistemas de portales. Cualquier ciudadano tiene derecho a conocerlas. Ese es el verdadero sentido del ejercicio: permitir la vigilancia social.

Y ahí es donde entra una figura clave: la ciudadanía como contralora.

Este mes no basta con que los servidores públicos cumplan con llenar datos en un sistema; es necesario revisar, cuestionar y contrastar. Verificar que lo declarado tenga lógica, que exista congruencia y que no se trate de simulaciones.

Si no es así, las autoridades de fiscalización deben hacer su trabajo y dar inicio a los procedimientos de responsabilidad.

Porque después vienen las sorpresas: funcionarios que, al dejar el cargo, resultan ser grandes millonarios sin una explicación clara.

Mayo es el momento de declarar… y de vigilar. “El que nada debe, nada teme”.

@julietdelrio