La política mexicana tiene una peculiar capacidad para convertir los asuntos más delicados en debates pasajeros. Un día toda la atención pública está concentrada en un tema y, al siguiente, una nueva polémica ocupa los encabezados, desplazando preguntas que siguen sin respuesta. Por ello, resulta inevitable reflexionar sobre la reciente reunión de diversos liderazgos del PAN con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y sobre el contexto político que la rodea.

En las últimas semanas se han presentado señalamientos y versiones relacionadas con presuntas operaciones de inteligencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano, particularmente referencias a la CIA y a actividades que habrían tenido algún vínculo con Chihuahua. Independientemente de la veracidad o falsedad de dichas afirmaciones, se trata de un tema que no debería minimizarse ni despacharse con declaraciones superficiales. Cuando se habla de la posible intervención o actuación de organismos extranjeros en asuntos que pudieran afectar la soberanía nacional, la obligación de las autoridades es esclarecer los hechos con absoluta transparencia.

Sin embargo, en medio de esta discusión, la atención pública pareció trasladarse rápidamente hacia otros temas, entre ellos las controversias relacionadas con el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y la situación política de Sinaloa. Es válido preguntarse si este cambio de enfoque ocurrió de manera natural o si, consciente o inconscientemente, terminó funcionando como un distractor que desvió el debate de asuntos igualmente relevantes y más porque el inicio de esta nota vino del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica quien solicitó, al parecer, sin fundamento alguno o cuando menos sin ser adjuntadas, pruebas en contra de los acusados.

Plantear esa posibilidad no significa restar importancia a lo que sucede en Sinaloa. Por el contrario, si existen indicios de irregularidades, vínculos indebidos o responsabilidades políticas o legales relacionadas con cualquier funcionario, estas deben investigarse a fondo. La exigencia de rendición de cuentas no puede aplicarse selectivamente dependiendo del partido político, la región o la conveniencia del momento.

Lo mismo debe ocurrir en Chihuahua. Si existen dudas sobre reuniones, acuerdos, colaboraciones o cualquier posible relación con agencias extranjeras que amerite una revisión institucional, corresponde a las autoridades competentes realizar las investigaciones necesarias. Y si de dichas investigaciones se desprende que no existió ninguna conducta irregular, también es importante que la ciudadanía conozca los resultados. La transparencia protege tanto a las instituciones como a quienes son objeto de señalamientos.

El problema aparece cuando los temas se utilizan como armas políticas temporales. Hoy se exige una investigación contra unos y mañana se olvida para concentrarse en otros. Esa dinámica termina debilitando la confianza pública y alimentando la percepción de que la justicia depende de las circunstancias políticas.

Los ciudadanos merecen algo mejor, merecen investigaciones serias, imparciales y alejadas de cálculos partidistas. Merecen conocer la verdad sobre lo que ocurre en Sinaloa, sobre cualquier actuación que deba revisarse en Chihuahua y sobre cualquier posible intervención de organismos extranjeros en asuntos nacionales.

Si hubo irregularidades, los responsables deben enfrentar las consecuencias sin importar su cargo, influencia o militancia política. Y si no las hubo, también debe decirse con claridad. Lo que no puede permitirse es que las preguntas incómodas desaparezcan simplemente porque una nueva polémica ocupa los reflectores. La verdad no debería depender de los ciclos mediáticos ni de los intereses de quienes buscan controlar la conversación pública.

Debo decirlo, México no necesita más distractores políticos, necesita respuestas. Porque cuando una sociedad deja de exigir respuestas y se conforma con distractores, no sólo se aleja de la verdad, también debilita a su propia democracia y La Paz social.

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