Julieta del Río

Muchos mexicanos han reaccionado con preocupación ante la obligación de vincular las líneas telefónicas con la CURP. Sin embargo, gran parte del debate público se ha centrado en las exigencias para cumplir esta disposición y en la falta de certezas sobre la protección de los datos personales.

Se ha instalado la idea de que el problema radica en que las compañías telefónicas tendrán acceso a nuestra información. Pero la realidad es que, desde hace años, las empresas de telefonía ya poseen una gran cantidad de datos sobre sus usuarios.

Al contratar un servicio entregamos identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio, datos personales e incluso información bancaria. Es decir, las compañías ya saben quiénes somos. Esa información forma parte de una relación contractual regulada por disposiciones legales y avisos de privacidad específicos.

Por ello, la discusión de fondo no debería centrarse en qué datos conoce una empresa telefónica, sino en lo que ocurre cuando un número deja de estar vinculado únicamente a una compañía y pasa a asociarse con una identidad única nacional.

La incorporación de los usuarios de telefonía móvil a este padrón, sin que las compañías hayan puesto nuevamente a disposición de los usuarios un aviso de privacidad actualizado que informe expresamente la nueva finalidad del tratamiento de sus datos personales, constituye una posible vulneración a los principios de información, finalidad y licitud previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Los datos fueron recabados originalmente para la prestación del servicio de telecomunicaciones y no para su vinculación a un padrón gubernamental de naturaleza distinta. Por ello, el cambio de finalidad exigía una actualización del aviso de privacidad y la observancia de los requisitos legales aplicables al tratamiento ulterior de la información.

Esta vinculación automática y generalizada representa un tratamiento de datos personales que carece de la transparencia exigida por la legislación mexicana. En consecuencia, los ciudadanos afectados pueden promover denuncias y quejas ante las autoridades competentes, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno cuenta con facultades para iniciar investigaciones de oficio.

Durante décadas, la CURP funcionó principalmente como una clave administrativa. Sin embargo, las recientes reformas en materia de identidad y registro poblacional apuntan hacia una integración cada vez mayor de los datos de identificación de los ciudadanos en plataformas centralizadas.

Ahí surge la preocupación de especialistas en privacidad y derechos digitales. Si el número telefónico queda asociado a una CURP que opera como identificador único, la línea deja de ser únicamente un medio de comunicación para convertirse en una pieza más dentro de una red de información interconectada.

Los defensores de este modelo sostienen que facilitará la localización de personas desaparecidas, el combate al fraude y una mayor eficiencia administrativa. Son objetivos legítimos y socialmente relevantes. Sin embargo, la experiencia demuestra que la creación de nuevos registros o trámites, por sí sola, no garantiza la disminución de estas problemáticas.

Toda herramienta de identificación masiva plantea preguntas fundamentales: ¿quién tendrá acceso a la información?, ¿qué controles existirán para prevenir abusos?, ¿cómo se protegerán los datos sensibles?, ¿qué ocurrirá ante una filtración?, ¿quién supervisará el uso de estas bases de datos?

La historia demuestra que ningún sistema tecnológico está exento de errores, vulneraciones o usos indebidos. Por ello, cuando se construyen plataformas capaces de concentrar información de millones de personas, la transparencia, la supervisión independiente y la rendición de cuentas dejan de ser opcionales y se convierten en una necesidad democrática.

La preocupación de muchos ciudadanos no es que una compañía telefónica conozca su nombre. La preocupación es que una sola clave de identidad pueda convertirse, con el tiempo, en el punto de conexión entre múltiples aspectos de la vida cotidiana. El debate de fondo es hasta dónde estamos dispuestos a avanzar en la construcción de una identidad digital centralizada y cuáles serán las garantías reales para proteger la privacidad.

@julietdelrio