Corrupción y malas costumbres

La corrupción, el peor de los males según el discurso oficial del gobierno actual, un problema que ha permeado en nuestro país por completo, en todas las esferas, todos los niveles y todos los rincones tanto públicos como privados, según el presidente de la república, es “la causa principal de la desigualdad económica y social”; fue precisamente el combate a la corrupción y el castigo a los corruptos una de las principales propuestas que lo llevó al triunfo.

Hasta el día de hoy no se conoce ninguna sentencia de algún político o exfuncionario público acusado de corrupción, en cambio hay algunos casos que han servido de ejemplo, pero para exhibir la simulación que existe al respecto, los casos de Rosario Robles o Emilio Lozoya solo quedan para ridiculizar nuestro ineficiente sistema de justica y hasta formas de revanchas y negociaciones puramente políticas y mediáticas.

Mientras tanto, el discurso oficialista sigue siendo retroalimentado por condenar eternamente la corrupción del pasado, pues desde la visión presidencialista hoy la corrupción ha desaparecido casi por completo, incluso antes de que estos dichos pudieran ser cuestionados por hechos que pudiera atentar contra el espíritu de la cuarta transformación, se tenido que optar mejor por prescindir de figuras emblemáticas del régimen, como lo fuera el ahora ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto.

Es lamentable el uso politiquero del cual ha sido objeto la corrupción, pues nadie puede dudar de los efectos y consecuencias que ha traído esto a nuestra sociedad y a nuestra nación, décadas de atraso, resquebrajamiento de la estructura gubernamental, desconfianza hacia las instituciones y un Estado de Derecho totalmente fallido; pues cuando de verdad se quiere combatir la corrupción y castigar a los involucrado en ello, es solo una cuestión de echar mano a todo un marco normativo que existe pero que simplemente no se ha querido utilizar en beneficio social.

Un reciente estudio realizado por la Organización World Justice Project que analiza el índice del Estado de Derecho en 139 países alrededor del mundo a colocado a México en el lugar 113. Y es precisamente el indicador de Ausencia de la Corrupción donde nuestro país obtiene su puntaje más bajo y se coloca en la posición 135 a nivel mundial, solo por arriba de Uganda, Camerún, Camboya y Congo. Es necesario señalar que durante el ultimo año México perdió 14 lugares dentro de este mismo estudio, lo cual dice mucho de un real combate a la corrupción.

Pareciera que la corrupción en nuestro país y nuestro estado es cada vez mas abstracta, que se esconde por debajo de grandes escritorios de grandes oficinas, pero lo cierto es que cada vez se normaliza e incluso se legitima y hasta se institucionaliza. Para muestra queda la pelea que hace unos días ocurrió entre supuestos taxistas y policías viales, una pequeña muestra de una corrupción sistemática y estructurada que se construye desde el propio gobierno.

Pues la corrupción, impunidad, clientelismo y proteccionismo que existe en torno a una serie de concesiones experimentales (que fueron usadas como botín electoral en las pasadas elecciones) y que con el nuevo gobierno fueron conservadas y protegidas bajo el emblema “RM24”, motivó un justo reclamo por parte de los concesionarios legalmente registrados, lo que llevó a una torpe reacción que con la intención de retener a estos nuevos taxis piratas y que junto a una serie de acciones y reacciones que termino en los golpes; una vez más la corrupción originando más violencia, mientras que el Estado de Derecho sigue siendo ignorado hasta por el mismo gobierno.