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A pesar de la seriedad del problema, tanto el gobierno federal como los estatales han dedicado escasos recursos para la localización de estas personas.
Ayer fue el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y México es uno de los países en donde hay más desaparecidos.
95,637 personas desaparecieron entre enero de 2007 y agosto de 2023, según el Departamento de Investigación de Statista.com, que usó datos de la Secretaría de Gobernación. Durante ese periodo, la dependencia estuvo encabezada por los panistas Francisco Ramírez Acuña (2006-2008), Juan Camilo Mouriño (2008), Fernando Gómez-Mont (2008-2010), Francisco Blake (2010-2011) y Alejandro Poiré (2011-2012), los priistas Miguel Ángel Osorio (2012-2018) y Alfonso Navarrete (2018), y los morenistas Olga Sánchez Cordero (2018-2021), Adán Augusto López (2021-2023) y Luisa María Alcalde (desde el 19 de junio pasado). Todos, en cierta medida, tienen responsabilidad por no resolver el problema de las desapariciones ocurridas durante su respectiva gestión.
Según datos oficiales, más de 100,000 personas han desaparecido en México desde 1964. La mayoría de estas desapariciones tuvieron lugar después de que Calderón, buscando ganar popularidad tras su estrecha victoria sobre Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de julio de 2006, lanzó su sangrienta e injustificada guerra contra las drogas y el crimen organizado en diciembre de ese año. Ni Calderón ni Peña Nieto lograron ganar la guerra y disminuir el número de desapariciones, y Andrés Manuel tampoco ha conseguido hacerlo.
Las causas de las desapariciones varían de un país a otro, pero en México, las más comunes son: 1) la violencia generada por guerras, terrorismo o crimen organizado; 2) la trata de personas, que obliga a hombres, mujeres, jóvenes y niños a realizar trabajos forzados o prostituirse; 3) las desapariciones orquestadas por el gobierno contra individuos vistos como amenazas.
Es innegable que la mayoría de las personas desaparecidas en México han sido víctimas del crimen organizado. Muchos nunca regresaron probablemente por estar involucrados en actividades criminales, siendo secuestrados y asesinados por bandas rivales y sus cadáveres echados al mar, enterrados en algún lugar o disueltos en ácido. Otros cayeron en manos de organizaciones de trata afiliadas a los principales cárteles de droga, como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y otras menos poderosas. Un grupo más pequeño, como los 43 estudiantes de Iguala, Guerrero, desaparecidos en 2014, fueron víctimas de funcionarios y policías en colusión con el crimen organizado y fuerzas militares.
A pesar de la seriedad del problema, tanto el gobierno federal como los estatales han dedicado escasos recursos para la localización de estas personas, cuyas desapariciones seguramente han sido una experiencia traumática y devastadora para sus familias. Parece que, para AMLO, los gobernadores y demás responsables de resolver el problema les basta con enviarles un abrazo solidario a estos familiares. Por ello, en diversos lugares del país vemos a hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños, armados de picos y palas, buscando a sus seres queridos en basureros, cementerios y lugares remotos e inhóspitos.
Ojalá que la próxima presidenta de México asuma totalmente su responsabilidad y logre lo que no pudieron sus tres antecesores en el cargo.
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