Auditorías, amparos y miedo fiscal

Muchos empresarios y ejecutivos están preocupados por dos hechos: el primero es la reforma a la Ley de Amparo en materia fiscal y el segundo es el anuncio del SAT de que realizará 16,200 auditorías en 2026. Mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum promete eficiencia recaudatoria, muchos perciben una ofensiva más política que técnica, orientada a cobrar primero y permitir la defensa después.

La nueva Ley de Amparo restringe las suspensiones de actos reclamados —el principal escudo de los contribuyentes ante abusos de la autoridad fiscal— bajo el argumento de proteger el “interés social” y el “orden público”. En la práctica, quien sea auditado o enfrente un crédito fiscal ya no podrá frenar el acto del SAT mediante amparo. Tendrá que pagar o garantizar el monto antes de litigar. El poder de la autoridad crece; el margen de defensa se reduce.

El SAT realizará 1,200 auditorías a grandes contribuyentes, 12,000 a pymes y 3,000 al comercio exterior. Oficialmente equivalen al 0.02% del padrón fiscal (81 a 86 millones de cuentas), pero si se eliminan las cuentas inactivas o duplicadas, cerca del 30%, el universo real es de unos 60 millones de contribuyentes activos. Así, las revisiones representan apenas 0.03% del total: una cifra simbólica que busca más intimidar que fiscalizar de forma masiva.

En comparación internacional, México audita muy poco. En EEUU, el IRS revisa 0.3 a 0.5% de las declaraciones; en Canadá, cerca del 1%; en Alemania, 1.7%; en Reino Unido, 0.8%; en Francia, 2.5%; e Italia, 0.6%. Incluso Brasil y Chile superan el 0.8%. México se ubica en el extremo bajo: menos auditorías, pero con mayor discrecionalidad y contrapesos judiciales debilitados tras la reforma.

¿Quién debe preocuparse? Los grandes y medianos contribuyentes con operaciones complejas, devoluciones de IVA o múltiples deducciones. Los grandes ya no podrán detener créditos millonarios sin pagar; las pymes carecen de estructura legal o recursos para litigar años; y los importadores enfrentan riesgos de suspensión inmediata si se detectan diferencias en precios o volúmenes. Todos deben documentar la realidad económica de sus operaciones, conservar contratos, CFDIs, flujos bancarios y retenciones, y realizar auditorías internas antes de recibir requerimientos.

El peligro no es solo económico. Si las auditorías se usan como presión, la falta de amparo efectivo abre la puerta a la corrupción. En un país donde el contribuyente no puede suspender un acto arbitrario, negociar se vuelve más rentable que defenderse. Así se debilita la confianza y el sistema tributario pierde legitimidad.

Las consecuencias son previsibles: menos inversión privada, mayor cautela empresarial y menor creación de empleo formal. La reforma llega cuando México necesita confianza y capital para sostener el nearshoring. Si el SAT confunde fiscalización con intimidación, terminará ahuyentando la inversión que dice querer atraer.

Por ahora, Claudia Sheinbaum conserva una aprobación superior al 70%, pero decisiones como ésta pondrán a prueba su imagen de gobernante técnica y justa. Si las auditorías derivan en abusos o corrupción, su discurso de eficiencia podría volverse sinónimo de autoritarismo.

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