El Runrún: Reforma notarial abre puerta a favores políticos

Un nuevo flanco se ha abierto en la ya compleja disputa política del gobernador David Monreal Ávila, con los distintos sectores de la sociedad, esta vez con el Colegio de Notarios del Estado de Zacatecas.
La reforma a la Ley del Notariado, aprobada ayer en la LXV Legislatura con sólo 15 votos de los diputados, e impulsada desde el Ejecutivo y presentada por la diputada migrante Dolores Trejo Calzada, no solo ha generado una votación dividida en el Congreso, sino también un profundo malestar entre quienes ven en el notariado una institución que debe mantenerse ajena a vaivenes políticos. Los notarios públicos también están muy molestos.
El problema es que la reforma permite que el gobernador, en los aproximadamente 20 meses que le restan de administración, pueda nombrar de manera discrecional al menos a cuatro notarios públicos, sin pasar por los filtros tradicionales de conocimiento, experiencia y capacidad que históricamente han dado sustento al sistema de oposición.
Esto abre la sospecha de que el notariado pueda convertirse en una moneda de cambio, en un pago de favores políticos para incondicionales del poder y en la particular del gobernador del estado. Resulta todavía más delicado que la iniciativa haya sido presentada por una legisladora que, a decir de sus propios críticos, no domina a profundidad el alcance técnico y jurídico de la materia notarial.
La inclusión del requisito de cinco años de ejercicio profesional para estas designaciones extraordinarias parece más un intento de maquillaje que un verdadero contrapeso a la discrecionalidad.
El notariado es una pieza clave de la certeza jurídica y de la confianza ciudadana en las instituciones. Otorgar al Ejecutivo facultades que rozan lo meta constitucional no fortalece al Estado de derecho; por el contrario, lo debilita. En lugar de cerrar filas en torno al mérito y la transparencia, el gobierno parece empeñado en abrir una grieta que puede costar muy caro a la credibilidad institucional.
Hoy los Notarios Públicos, todos, pedirán al gobernador el veto a la Ley aprobada ayer en la Legislatura, y si como parece, el gobernador se niega, habrá una nueva confrontación ahora con los fedatarios públicos de Zacatecas.

Presupuesto concentra poder económico en año preelectoral
La aprobación del Presupuesto de Egresos 2026 en Zacatecas no es un trámite administrativo más. Con 28 votos a favor y apenas dos en contra, el Congreso entregó al titular del Poder Ejecutivo el control de la mayor parte de los recursos públicos del estado: más de 29 mil 500 millones de pesos, de un total superior a los 42 mil millones. La cifra no es menor, pero el momento político en el que se decide resulta todavía más relevante.
Se trata de un año claramente preelectoral, cuando dentro de Morena comienzan a definirse las candidaturas, incluida la sucesión en la gubernatura. En ese contexto, la concentración del poder económico en el despacho del Ejecutivo vuelve a encender alertas.
El presupuesto, por definición, es una herramienta de política pública; en la práctica, también puede convertirse en un instrumento de control político, negociación interna y posicionamiento de aspirantes.
Mientras el Poder Legislativo, el Judicial y los organismos autónomos reciben asignaciones mucho más acotadas, el Ejecutivo queda con un amplio margen de maniobra para decidir prioridades, tiempos y destinos del gasto. La pregunta obligada no es si el presupuesto fue aprobado conforme a la ley, sino cómo será ejercido.
Ojalá esta vez se apueste por la inversión productiva, la infraestructura y el desarrollo social sostenible, y no por el gasto inercial, clientelar o de corto plazo. Zacatecas necesita que el dinero público genere crecimiento y bienestar, no que se diluya en cálculos políticos rumbo a la próxima elección.

Fresnillo mantiene su Centro de Conciliación Laboral
Rectificar también es gobernar. La decisión del Gobierno del Estado de no cerrar el Centro de Conciliación Laboral de Fresnillo confirma que, cuando la presión social es legítima y bien argumentada, puede evitarse un golpe innecesario a la justicia.
No se trataba de un simple ajuste administrativo ya que cerrar ese espacio habría significado alejar la justicia laboral de miles de trabajadores y empleadores, todo por un supuesto ahorro que, en los hechos, habría salido caro.
La decisión gubernamental llega después del reclamo de litigantes que entendieron el riesgo real de centralizar servicios y cargar costos adicionales a quienes ya enfrentan procesos largos y complejos. La justicia no debe medirse en centavos, sino en acceso, oportunidad y eficiencia.
Es cierto que el sistema de conciliación laboral necesita mejoras. Nadie discute la urgencia de hacerlo más ágil y productivo. Pero reconfigurar no es sinónimo de desaparecer. La diferencia es crucial y el gobierno, esta vez, lo entendió a tiempo.
Que el diálogo con abogados y abogadas sea real y no una simulación. Fresnillo merece instituciones que se fortalezcan, no que se debiliten bajo el argumento del ahorro. Rectificar evitó un error mayor. Ahora toca cumplir.

Runrunazos
Ayer, los diputados locales trabajaron como si realmente merecieran irse a descansar. Una sola jornada intensa en todo el año bastó para justificar el inicio del receso legislativo. Ahora se preparan para disfrutar emolumentos “bien ganados”, mientras dejan en pausa temas relevantes. El descanso llega puntual; las soluciones, otra vez, no.