El Runrún: Deudas saldadas y recursos atrapados, saldo pendiente estatal

El gobernador David Monreal Ávila ha puesto sobre la mesa un dato que, sin duda, merece reconocimiento: durante 2025 se pagaron alrededor de mil 300 millones de pesos de la deuda. El discurso queda incompleto porque mientras se celebra lo que ya no se debe, poco se dice de lo que no se puede usar.
Ahí está el elefante en el salón de recepciones de Palacio de Gobierno, con un valor más de mil 200 millones de pesos que permanecen inmovilizados en el fideicomiso del Viaducto Elevado. Recursos públicos atrapados en un conflicto legal tras la terminación anticipada del contrato con la empresa HYCSA, que hoy reclama una indemnización que sí significa una pérdida contundente del recurso de los zacatecanos.
Ese dinero, que también podría detonar obra y desarrollo, está congelado y, peor aún, amenaza con generar un costo adicional para la entidad.
Éste no es un asunto menor ni heredado sin matices, es un pendiente vigente que se arrastrará quizás hasta el fin de la administración. La pregunta no es sólo cuándo se liberarán esos recursos, sino a qué precio. Porque todo indica que cualquier salida tendrá un costo político y financiero.
Celebrar avances es legítimo, pero gobernar también exige reconocer con claridad los problemas que siguen sin resolverse. Ahí el balance aún está lejos de cerrarse.

Federalización educativa reconfigura poder sindical en Zacatecas
El proceso de federalización de la nómina educativa avanza en Zacatecas con cifras que ya no admiten lecturas optimistas desde el sindicalismo tradicional. Los números confirmados hablan por sí solos, ya que alrededor de 836 maestras y maestros han decidido incorporarse al esquema federal, de los cuales 287 ya formalizaron su trámite ante el Centro de Conciliación.
Otros 238 se encuentran en proceso y 321 más aún deben definir su postura. No es un movimiento menor ni administrativo, es un movimiento político y profundamente estructural.
Cada docente que migra al FONE deja atrás un sistema estatal históricamente usado como palanca de presión sindical. La federalización no sólo garantiza el pago vía nómina federal a partir del 15 de enero, sino que también normaliza aportaciones y cuotas, incluyendo las del Issstezac, cerrando espacios a la discrecionalidad y al conflicto recurrente.
Para la Sección 58 del SNTE, encabezada por Marcelino Rodarte, estas cifras representan algo más que una estadística, ya que son agremiados que dejan de estar bajo su control directo.
Si los números se confirman en su totalidad, el debilitamiento de la estructura sindical será proporcional a la magnitud de la migración. En ese contexto, el discurso de resistencia pierde sustento frente a una base magisterial que parece haber optado por certeza salarial, antes que por la confrontación permanente. Las cartas están en la mesa y el poder sindical disminuye.

Indecisión de la Corte prolonga incertidumbre sobre Ley Issstezac
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta una decisión de enorme trascendencia, al determinar si diversas disposiciones de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) son constitucionales.
La acción de inconstitucionalidad, promovida contra artículos que reducen prestaciones como el aguinaldo y condicionar derechos a la capacidad financiera, quedó pospuesta y en lista para ser analizada en sesión pública, donde se escuchará a las partes interesadas.
Definir la validez de una ley que toca directamente derechos laborales y de seguridad social implica un balance entre sostenibilidad financiera y la protección constitucional de los derechos de los trabajadores.
La incertidumbre jurídica que genera la demora mantiene a pensionados, trabajadores y sindicatos en vilo, pues hasta que la Corte no se pronuncie, la vigencia de dichas normas puede ser objeto de amparos y conflictos en tribunales.
Más allá de los argumentos técnicos, está en juego la percepción pública sobre la imparcialidad e independencia judicial. Una decisión que respete el marco constitucional fortalecerá la confianza en el sistema de justicia, mientras que una resolución apresurada o ambiguamente motivada podría profundizar la desconfianza en las instituciones. La Corte debe actuar con rigor, transparencia y respeto al Estado de Derecho.

Runrunazos
La propuesta legislativa de la senadora Geovanna Bañuelos coloca en el centro de la discusión un problema que por años ha sido normalizado y que es el abandono de las personas adultas mayores. Endurecer las sanciones penales no debe ser un acto punitivo aislado, sino un mensaje de que la vejez merece respeto, cuidado y protección institucional. En un país donde más del 12 por ciento de la población pertenece a este grupo, la omisión del Estado y de las familias ya no puede tolerarse. Vincular castigos con medidas inmediatas de atención integral es un acierto que reconoce que la dignidad no se posterga. Garantizar una vejez digna es, al final, una prueba de humanidad colectiva. Esperemos que se pueda concretar en los hechos.