El Runrún: Presupuesto 2026 refleja orden, visión y disciplina financiera

La presentación del paquete económico 2026 llega en un momento en el que Zacatecas necesita menos discursos de estabilidad y más claridad sobre cómo se va a reactivar una economía que lleva años sin suficiente circulante. El aumento de 4.9 por ciento proyectado —que llevaría el Presupuesto de Egresos a 42 mil 092 millones de pesos— sirve de poco si el dinero no se mueve, si no llega a los proveedores locales y si no dinamiza un mercado que depende, en buena medida, del gasto público para sobrevivir.
Durante los últimos cuatro años el gobierno estatal recurrió sistemáticamente al subejercicio bajo el argumento de generar “economías”. En realidad, ese ahorro forzado tenía un propósito: reunir los cerca de 3 mil 600 millones de pesos destinados al viaducto elevado. Hoy ese proyecto está formalmente cancelado por el propio gobernador y el recurso acumulado permanece inmóvil debido a que no existe un acuerdo con la empresa constructora. Paradójicamente, quienes en su momento fueron aliados del gobierno hoy mantienen diferencias casi irreconciliables, lo que deja al dinero retenido y al estado sin obra mayor que active empleos o cadenas productivas.
En este contexto, el trabajo de la Secretaría de Finanzas —más ordenada, sí— no puede entenderse como sinónimo automático de buen rumbo. El desafío real es ejercer el presupuesto y hacerlo con visión económica, no sólo administrativa. Porque crecer en papel no basta: Zacatecas necesita gasto que llegue a la calle, a los comercios, al sector productivo y a los municipios; necesita que el gobierno deje de ser un freno y vuelva a ser un motor.
El paquete económico 2026 concentra recursos en áreas sociales, seguridad y obra pública, pero esa orientación sólo será útil si realmente se ejecuta. Con un último año completo de gestión por delante, está en juego definir si la administración de David Monreal logrará corregir el rumbo económico o si continuará la inercia que ha privado a los zacatecanos del flujo financiero que el propio gobierno debería inyectar al mercado local.
La Legislatura tendrá que revisar este presupuesto con rigor, pero también con una visión práctica: no basta con aprobar cifras bien acomodadas, sino con asegurar que el dinero se mueva, que cumpla su función y que Zacatecas deje de vivir bajo la lógica del ahorro que no produce desarrollo. En ese punto, más que estabilidad, lo que urge es decisión.

Transición al FONE coloca a Sección 58 bajo riesgo
El proceso de federalización de la nómina magisterial en Zacatecas avanza con una rapidez que contrasta con la profundidad de sus implicaciones.
Aunque las autoridades estatales insisten en que la transición es benéfica y garantiza mayores prestaciones para los docentes, el verdadero tema de fondo es la posibilidad real de desmantelar la Sección 58 del SNTE y, con ello, su representación histórica en el estado.
Esa es la apuesta institucional y el desafío político que hoy enfrenta su dirigente, Marcelino Rodarte Hernández. Las jornadas informativas encabezadas por la secretaria Gabriela Pinedo Morales han logrado que un número interesante de maestros firmen su cambio de estatus, trasladándose al FONE y, con ello, a la Sección 34.
Cada firma representa no solo un trámite administrativo, sino un movimiento que redefine el mapa sindical en Zacatecas. No sorprende entonces que la dirigencia de la Sección 58 haya respondido con movilización, bloqueos y denuncias de amenazas.
El conflicto ya no es únicamente laboral, sino que es una disputa por la supervivencia de una representación gremial que ve cómo el gobierno estatal impulsa una transición “que va porque va”. El reto de Rodarte Hernández es enorme para sostener la cohesión de su base y defender, con vehemencia, su legitimidad ante un proceso que, en los hechos, busca diluirla.
Lo cierto es que el objetivo debe ser que los maestros que decidan cambiarse sean del SNTE 58 y no de otros subsistemas estatales porque entonces el problema de la falta de recurso para el pago de la nómina magisterial continuará.

Nueva rebelión agrícola desafía acuerdos y autoridad gubernamental
La disputa por el liderazgo entre los productores agropecuarios dejó de ser un asunto interno y ya afecta la vida cotidiana de los zacatecanos. Los bloqueos y tomas de casetas anunciados muestran no sólo el agotamiento del diálogo con el gobierno, sino una fractura que marca el rumbo político del campo rumbo a 2027.
Aunque el gobierno federal afirmó haber resuelto el conflicto con el grupo de Alberto de Santiago Murillo y Fernando Galván, la irrupción de Severiano Zamarrón reabrió la disputa por el control institucional. El apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz —insuficiente y tardío— alimentó el malestar y permitió que Zamarrón ganara terreno.
La continuidad de los bloqueos evidencia que la presión social se volvió la única vía para obtener respuestas. Sin compromisos verificables, la pugna seguirá tensando al estado y afectando a miles de ciudadanos ajenos al conflicto, mientras avanzan las tomas de las casetas de Osiris y Calera.

Gobierno de Tlaltenango simula respaldo social con acarreos y falsas promesas
Las prácticas de acarreo para simular apoyo ciudadano quedaron expuestas nuevamente en Tlaltenango. Habitantes denunciaron haber sido convocados con falsas promesas de despensas y apoyos alimentarios, una estrategia recurrente para inflar eventos y aparentar respaldo a la administración estatal.
El acto, encabezado por el alcalde Francisco Delgado Miramontes y la diputada Lyndiana Bugarín Cortés, reunió desde temprano a decenas de mujeres y adultos mayores con la promesa de que “habría despensas para todas”. Tras horas de espera, se informó que solo recibirían apoyos algunas comunidades registradas, dejando fuera a la mayoría de la cabecera municipal.
Testimonios acusaron un uso discrecional de los beneficios: mientras ciudadanos se quedaban sin nada, familiares de funcionarios sí recibían apoyos especiales, incluido el caso de la madre del regidor Jovani Ramírez. La inconformidad creció al sentirse convocados solo para legitimar un evento cuyo respaldo, según dijeron, es más montaje que realidad.

Feministas exigen respuesta inmediata y sanción ejemplar en CAM
El Movimiento Feminista de Zacatecas alzó la voz en respaldo a las estudiantes del Centro de Actualización del Magisterio (CAM), quienes denunciaron hostigamiento y violencia sexual dentro de la institución. Las colectivas señalaron que, así como el Estado actuó con rapidez en casos recientes —como el del ex rector de la UAZ—, debe responder con la misma urgencia ahora.
Exigen que la Fiscalía intervenga de oficio, inicie investigaciones sin demora y aplique medidas de protección reales, incluida la separación inmediata de los señalados, pues mantenerlos en funciones representa un riesgo para las jóvenes. También recalcan que la declaración de las víctimas es suficiente para activar procesos administrativos y penales y que cualquier dilación constituye revictimización. Las activistas reiteran: no más silencios ni protección para agresores en espacios educativos.

Runrunazos
El incremento salarial de la UTZAC para este año cuesta 3 millones, pero el programa federal exige que el Estado aporte 6 para que la Federación envíe los otros 6. Este año, la UTZAC puede cubrir esa parte que le corresponde al estado porque Violeta Cerrillo ha logrado generar ingresos propios como no se veía desde hace años. Incluso ya tenía previsto usar ese recurso para comenzar a rescatar la escuela, que recibió con necesidad de mejoras.
La propuesta escuela sencilla: la UTZAC pone 6 millones, la Federación los duplica y llegan 12. Sin embargo, la respuesta federal fue: “así no funciona el programa”. De ser así quedarían atorados los 12 millones, entre reglas que no se ajustan a la realidad.