El Runrún: Movilización del sindicato de la SSZ, batalla perdida

Ni son los primeros y quizá tampoco sean los últimos en protestar por las políticas en materia de salud de Gobierno Federal. Pero ni con la megamarcha de ayer ni el bloqueo del bulevar a la altura de la Plaza Bicentenario, Norma Castorena conseguirá que las plazas del hospital de la Mujer en Fresnillo sean para su sindicato. La decisión está tomada y no hay vuelta de hoja: el IMSS y no la SSZ se encargará de dar atención en el hospital mencionado. El gobernador David Monreal dijo que el inmueble ya está entregado y que incluso con el Seguro Social los trabajadores tendrán mayores prestaciones. Pero Castorena está luchando porque las plazas sean de su sindicato en la SSZ, porque de alguna manera le representan capital político, que a como pintan las cosas se le está por terminar. Hace un par de meses también hubo protestas de sindicatos locales de Salud en Tlaxcala y Nayarit, en contra de la federalización de la nómina, pero estas políticas de la 4T ya no las detienen. Al menos no mientras siga gobernando Morena. Si Castorena y su gente, como advirtieron, se deciden a protestar en la mañanera del Presidente de la República no van a cambiar las cosas. Sería una batalla contra el gobierno de AMLO que de inicio ya estaría perdida.

Aún no lo dejan en paz
Para el auditor Raúl Brito, no es suficiente la sentencia que enfrenta el exalcalde de Trancoso, Ricardo de la Rosa, por malversación de recursos. Recientemente el titular de la ASE envió un oficio al cabildo de Trancoso para que procedieran con el cobro de créditos fiscales de pasadas administraciones, incluyendo la de Ricardo. Y es que para la auditoría, una cosa es el castigo y consecuencias penales, y otra la reparación del daño, en este caso para las arcas públicas. Cuando el alcalde Polo Rocha advirtió en cabildo que todos tendrían que entrarle a los cobros, algunos regidores le quisieron sacar la vuelta al asunto.
— Yo me deslindo — decía el regidor Marcos Galindo— porque hay algunos de aquí (exfuncionarios) que por ejemplo uno ya falleció. Entonces, ¿ahí que cobro se podrá hacer?
— Pues ahí el deslinde tiene que ser con auditoría — le respondía Rocha.

Hasta $50 millones
Según los regidores, el monto que se debiera recuperar entre exediles, exfuncionarios y demás rondaría los 50 millones de pesos, aunque el monto variaría según las solventaciones que hicieran todavía los observados. Incluso se dice que De la Rosa, a quien le restaría todavía un par de años en el botiquín, habría reducido el monto de sus créditos fiscales. En el cabildo se armó el debate si esos cobros era un asunto solo del alcalde, síndico y tesorera, o también de los regidores. Y ese tipo de asuntos los hay en todos los ayuntamientos, generalmente con muy pocos resultados en la recuperación del dinero.

Cuando el destino nos alcance
La grave escasez de agua que está ocurriendo en Monterrey debe preocupar mucho a Susana Rodríguez, titular de la SAMA, y David Octavio García, titular de JIAPAZ. Cada vez hay menos agua y un mayor consumo. Gran parte de los problemas que enfrentan los sistemas de agua zacatecanos son por dinero, pero en unos años serán mucho más graves. La gente en Monterrey se ha visto obligada a comprar garrafones para consumo doméstico y esa realidad no anda tan lejana para otras entidades del país. La JIAPAZ debe trabajar en combatir el desperdicio criminal del agua y la SAMA en algún proyecto de suministro. En el sector inmobiliario saben que cada vez es más difícil lograr la aprobación de la junta para abastecer a nuevos fraccionamientos.

Runrunazos
“No somos de los mismos”, dice el exrector de la UAZ Antonio Guzmán sobre las investigaciones que inició la FGR por dos convenios que la universidad tuvo con la SHCP. Al menos en su periodo, Guzmán sostiene que no se hizo nada indebido y que los mismos acuerdos con Hacienda permitieron reducir los adeudos históricos en la universidad. Guzmán está tranquilo porque asegura no estar implicado en la estafa maestra, caso contrario, al parecer del exrector Armando Silva, quien ya se mudó a Aguascalientes. * Ante los escandalosos casos de abuso, hasta en un kínder de Villas de Guadalupe, la Secretaría de Educación debiera tener un protocolo para canalizar esos casos directamente a la Fiscalía de Murillo. Esos deplorables actos no son faltas administrativas, son delitos de carácter penal y la dependencia debiera ser de los primeros en denunciarlos. ¿Para qué empezar con una investigación de la Dirección Jurídica de la secretaría, pudiendo apurar la intervención de Ministerios Públicos? El castigo para un abusador, antes que su despido debe ser enviarlo al botiquín.