El Runrún: Liquidaciones en gobierno, acuerdo entre Tello y David

Independientemente de cualquier grilla,  el candidato ganador a la gubernatura David Monreal y el gobernador Alejandro Tello coincidieron en que los trabajadores de confianza, por ley, tienen derecho a liquidación y que todos los que quieran ese derecho, deben renunciar a su trabajo en el gobierno. Cada renuncia en paz, abrirá espacio para el nuevo grupo político que gobernará en Zacatecas. Es un acuerdo ganar-ganar. Sin reclamos ni demandas laborales de funcionarios, el gobernador sigue haciendo las cosas de forma ordenada y legal y David tendrá mas espacios para responder a todos los compromisos de campaña. Por cierto, en una reunión con redes que dieron apoyo a Monreal, este dijo “no hagan caso a los chismes.” Aclaró que aún se están revisando perfiles y todavía no eligen a los colaboradores de lo que será su administración. Supuestamente, esos perfiles que se están valorando serían revisados por la delegada Verónica Díaz y la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río.

Prohibición a municipios
Mientras tanto en el tema de liquidaciones, el auditor Raúl Brito se adelantó y le mandó decir a las presidencias municipales que por ningún motivo pueden darse bonos de liquidación. La auditora especial B, Ana María Mata, envió oficios a los alcaldes para explicar que, según una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa en el expediente TJA/351/2020-P2, se “determina que es improcedente el pago de liquidaciones para el presidente municipal, síndico, regidores y personal nombrado como titulares de las direcciones de la administración municipal”. La auditora detalla que estos cargos solo tienen vigencia por el periodo constitucional que les corresponde, en este caso el 2018-2021 y “no existe obligación patronal de otorgar prestaciones similares a las que se entregan vía laudo a las personas a las que se les rescinde la relación laboral por un algún conflicto obrero-patronal”. Y se les advierte a los cabildos que se revisará la cuenta pública de este año y si detectan alguna anomalía en los pagos iniciarán expedientes de investigación. El aviso cayó como tina de agua helada en administraciones como la de Río Grande, donde justamente por ese bono el alcalde Julio César Ramírez regresó a su puesto. En los municipios consideran injusta la disposición de la ASE, que solo permitiría un finiquito de ley.

Investigará Fiscalía cuentas de la Fenaza 2019
Ayer presentaron los dictámenes de la revisión de cuentas públicas del 2019 de ayuntamientos y Gobierno del Estado. En la administración estatal hay observaciones y señalamientos, pero nada que debiera preocupar mucho a los secretarios. El único que podría estar metido en broncas es Benjamín Medrano. De todo el aparato estatal, solo se están promoviendo dos denuncias de hechos ante la Fiscalía por los manejos de la Fenaza. Hay una observación de la auditoría por un proveedor a quien le habrían pedido la devolución de 10 millones “con motivo del contrato suscrito entre la Asociación Promotora de Ferias y Fiestas Populares (de Marisol Gamboa) y un proveedor”. También se señalaron presuntas anomalías en el pago de 4.3 millones de pesos por concepto de anticipo de producción, operación y honorarios artísticos de la feria. Se entregó un comprobante fiscal de esos 4.3 de millones, pero hasta un año después de que se les depositó el dinero.

Bono de 10 mil 500
No quería hacerlo el auditor Raúl Brito, pero se tuvo que ceder a la petición de unos 200 trabajadores para que les den un bono de 10 mil 500 pesos. Estos servidores públicos pretendían recibir uno de 18 mil pesos como sus compañeros sindicalizados, pero al final se accedió a que fuera de un monto menor. De todas formas, ese bono no tiene razón de ser y se inventó en el sexenio de Amalia García, cuando Chuy Limones era auditor, para descaradamente promover el voto a favor del entonces poderoso PRD. Cada fin de administración, la historia se repite con ese agandalle al que le abrieron la puerta hace más de 10 años.

Runrunazos
Guadalupe recibió un reconocimiento por parte del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) por su proyecto de modernización de alumbrado público. El alcalde con licencia Julio César Chávez fue a recoger este reconocimiento de manos de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. El proyecto de alumbrado se consideró de los mejores en el país como buenas prácticas municipales y solo 10 alcaldes de los casi 2,500 ayuntamientos tuvieron el honor de ser convocados por Olga Sánchez.*** Ya se puso la carta sobre la mesa por parte de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. El diputado Lalo Rodríguez sería el secretario del Congreso local a partir del 30 de agosto de este año.