El Runrún: Las disculpas ineficaces y ambiguas del Gobernador del Estado

El reciente episodio protagonizado por el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, pone en evidencia una preocupante estrategia en el discurso político: la disculpa condicional. Si bien el mandatario accedió a ofrecer una disculpa por sus declaraciones en torno a la jueza Margarita Quiñones Hernández, lo hizo sin dejar de insistir en la existencia de jueces corruptos, reforzando así su narrativa de desconfianza hacia el Poder Judicial.
Este tipo de disculpas resultan ambiguas y, en muchos casos, ineficaces. Pedir perdón no debería ser una concesión forzada por la presión social, sino un acto genuino de reconocimiento del error. Sin embargo, Monreal Ávila la matiza con la reiteración de su acusación, lo que diluye cualquier intención de enmendar el agravio.
Más allá de la controversia específica, este incidente refleja un problema mayor: la instrumentalización del discurso de género con fines políticos. El gobernador, en un intento de equilibrar sus declaraciones, subraya su confianza en las mujeres y su papel en su administración. Pero este respaldo resulta superficial si no se acompaña de un compromiso real con la equidad y el respeto hacia todas las personas, sin caer en generalizaciones.
Se necesita una discusión seria sobre la corrupción en el Poder Judicial, pero no a través de señalamientos a la ligera que pueden desviar el debate hacia conflictos personales o políticos. La lucha por la justicia y la equidad de género no debe ser un recurso retórico para justificar confrontaciones políticas, sino un compromiso inquebrantable con la democracia y el Estado de derecho.

Nueva falla jurídica en el equipo del gobernador en el viaducto elevado
El reciente fallo del Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación, que ratifica la suspensión de las obras del viaducto elevado, es una muestra más de la profunda crisis institucional que enfrenta el estado.
Lejos de ser un mero trámite legal, esta decisión expone la falta de planeación, transparencia y cumplimiento normativo en proyectos de gran envergadura. La resolución no solo implica un revés para el gobierno estatal, sino que también pone en entredicho la gestión de los recursos públicos y la viabilidad de sus obras estratégicas.
El viaducto elevado, que prometía mejorar la movilidad urbana y reducir el congestionamiento vial, ha quedado atrapado en un laberinto legal y político. La falta de autorización por parte de instancias federales y municipales no es un tema menor: es una omisión grave que debería haber sido resuelta antes de siquiera colocar la primera piedra. Este tipo de errores solo reflejan improvisación y una preocupante desconexión entre los diferentes niveles de gobierno.
La queja presentada por el coordinador general jurídico, Ángel Manuel Muñoz Muro; el secretario de Obras Públicas, José Luis de la Peña Alonso; y la secretaria del Agua y Medio Ambiente, dejan, otra vez, comprometida la continuidad de la obra, que, en principio, debe esperar hasta el 21 de abril a la audiencia incidental y, de ahí, decidir si se suspende en forma definitiva. Veremos.

Primer pleito del gobierno de David Monreal con Miguel Varela Pinedo
El incidente ocurrido en el Hotel Mesón de Jobito, donde el secretario del Campo de Zacatecas, Luis Gerardo Cervantes Viramontes, pidió la salida del alcalde Miguel Varela Pinedo de un evento organizado por el Colegio de Médicos Veterinarios, pone en evidencia las tensiones políticas que afectan la colaboración entre gobernantes.
La solicitud de Cervantes Viramontes de que Varela Pinedo se retirara, bajo el argumento de que el programa estaba financiado por el gobierno estatal, resalta las dificultades que surgen cuando los intereses locales y estatales no se alinean.
El comentario irónico del alcalde, quien prefirió retirarse para evitar problemas, refleja una realidad compleja donde la política local a veces se ve empañada por las dinámicas de poder y el temor a represalias. El pleito político va en serio entre el gobernador y el presidente municipal de Zacatecas, y ya parece irresoluble.
Ahora, todos los días, el gobierno estatal compra problemas de manera gratuita. No termina de resolver uno, como el viaducto elevado, cuando ya está metido en otro. Pero baste recordar que el problema de ayer en el Hotel Mesón de Jobito solo es el reflejo de la urticaria que genera el alcalde capitalino a las autoridades estatales.

Runrunazos
Este lunes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevó a cabo un operativo aéreo en Villa de Cos para atender a las personas heridas en un accidente automovilístico. El helicóptero UH-60 Black Hawk despegó alrededor de las 13:45 horas hacia la carretera federal 45, donde personal de la Guardia Nacional ya resguardaba la zona.
Una mujer de 32 años fue estabilizada y trasladada al Hospital General de Zacatecas, con atención médica constante durante el vuelo. A las 14:30 horas, llegó al hospital, donde continuó recibiendo atención. Si para eso se utiliza el flamante helicóptero, mejor hubieran comprado un helicóptero ambulancia, cuando se supone que una aeronave de esas características es para descubrir narcocampamentos como el de El Carrizalillo.

La alcaldesa de Valparaíso, María Guadalupe Ortíz, quien permitió la realización de un evento sin las medidas de seguridad adecuadas, es responsable de una grave negligencia. El evento, que terminó en tragedia con la muerte de dos personas, demuestra una falta de previsión y compromiso con la seguridad de los ciudadanos. La autoridad municipal tenía la obligación de garantizar que el evento se desarrollara en condiciones seguras; sin embargo, la ausencia de planes de seguridad y control dejó expuestos a los asistentes. Ahora debe enfrentar la ley por negligencia y los delitos que se acumulen.