El Runrún: La Suprema Corte cierra definitivamente el debate jurídico

Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no admite interpretación política ni negociación posterior. Es inatacable, definitivo y representa la última instancia del sistema jurídico mexicano.
Así debe entenderse la resolución que declaró la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley del Issstezac y, al mismo tiempo, cerró cualquier intento de aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio de jubilados y pensionados.
La Corte fue clara: los derechos adquiridos no se tocan. El artículo 74, que pretendía reducir de 60 a 30 días el aguinaldo de quienes ya habían ganado ese beneficio, no puede mantenerse vigente. Permitirlo habría significado validar un retroceso inadmisible y abrir la puerta a que cualquier gobierno, ante una crisis financiera, decidiera recortar derechos consolidados bajo el pretexto de la austeridad.
Más allá del impacto positivo para los jubilados, la resolución deja al descubierto el grave déficit jurídico del gobierno de Zacatecas. Se legisla sin sustento constitucional, se defienden normas endebles y se apuesta a que la Corte “negocie” lo que la ley prohíbe. Hoy no hay margen para revertir la situación, pero sí una lección, la de gobernar sin rigor legal tiene consecuencias, y esta vez llegaron hasta la última instancia.

Las derrotas jurídicas del gobierno estatal
Las derrotas jurídicas del actual gobierno de Zacatecas revelan la ausencia de una estrategia legal sólida que respalde las decisiones políticas más relevantes de la administración estatal. El problema es que cada revés jurídico lastima la muy lastimada credibilidad institucional y encarece el costo de gobernar.
La primera gran derrota se registró en el ámbito electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en contra del oficialismo y confirmó el triunfo de Miguel Varela Pinedo como alcalde de la capital. El fallo no sólo cerró la disputa política, sino que dejó claro que los argumentos jurídicos del gobierno carecían de sustento suficiente para revertir el resultado en la última instancia.
La segunda derrota llegó con el proyecto del viaducto elevado. Aunque su cancelación fue una decisión política, ésta estuvo precedida por amparos avanzados que evidenciaron deficiencias legales de origen.
Hoy, el asunto sigue abierto en los tribunales, no para rescatar la obra, sino para definir los montos de indemnización que el gobierno deberá pagar a la empresa HYCSA. El daño jurídico ya está hecho y el impacto financiero aún está por cuantificarse, la próxima semana podría haber noticias tras la una nueva reunión de conciliación.
La tercera derrota es quizá la más grave. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el artículo 74 de la Ley del Issstezac y declaró inconstitucionales los artículos 128 y 128 Bis, al considerar que vulneraban derechos adquiridos de jubilados y pensionados. El fallo exhibe una legislación mal diseñada y una defensa jurídica incapaz de sostenerla.
Ahora, el proyecto Milpillas se perfila como la posible cuarta derrota. Sin certeza jurídica en los procesos de indemnización a ejidatarios, el riesgo de un nuevo revés legal es alto. De ocurrir, confirmaría que el gobierno de David Monreal Ávila enfrenta no sólo problemas políticos, sino un profundo y persistente vacío jurídico.

Trabajadores de salud marchan por derechos laborales
El hartazgo volvió a desbordarse en el sector salud. Médicos, enfermeras, personal de trabajo social y trabajadores administrativos regresan a las calles no por capricho, sino por cansancio. El incumplimiento en el pago de prestaciones, particularmente del Programa Estatal de Profesionalización, exhibe una mala administración institucional que pone en riesgo no sólo derechos laborales, sino la estabilidad misma del sistema de salud.
Más de 300 profesionales han visto vulnerado un ingreso ya devengado. No se trata de exigencias extraordinarias, sino del pago justo por capacitación, experiencia y compromiso permanente con la atención de la población. Resulta paradójico que, en un sector donde se exige vocación, sacrificio y jornadas extenuantes, la respuesta oficial sea el desdén, tanto a nivel federal como estatal.
La marcha de este miércoles es un llamado urgente a la justicia laboral. Protestar de manera pacífica y ordenada es un acto legítimo cuando se agotan los canales institucionales. Cada retraso y cada pretexto lastiman aún más la dignidad de quienes sostienen hospitales y clínicas.
Decir “basta” es inevitable. El abandono reiterado empuja a los trabajadores a la movilización y deja claro que, sin respeto a sus derechos, el sistema de salud camina hacia el quiebre. Ignorar este clamor sería profundizar una deuda moral imperdonable.

Runrunazos
Los normalistas de San Marcos marcharon ayer en Zacatecas, como parte del recurso de lo que llaman la represión del 2000, ahora exigen la destitución de Jesús González Palacios “el Chufus”, director de la institución por incumplimientos y desprecio institucional.