La confirmación de la identidad de las diez personas asesinadas y abandonadas en distintos municipios de Zacatecas representa mucho más que una estadística criminal. Entre las víctimas hay empresarios, servidores públicos, un líder ganadero, un bombero y ciudadanos que construyeron su patrimonio y su historia en esta tierra. Su pérdida es un golpe profundo para toda la sociedad.
Horas después de estos hechos, el Gobierno del Estado anunció el reforzamiento de la estrategia de seguridad con el despliegue de 400 elementos federales. La medida es necesaria, pero deja una interrogante inevitable: ¿por qué las acciones preventivas llegan después de la tragedia y no antes de que ocurra?
Si la estrategia de seguridad se sustenta en inteligencia, presencia territorial y coordinación institucional, como lo han señalado las autoridades, resulta válido preguntar por qué los aparatos de inteligencia del Estado mexicano no lograron anticipar o impedir una cadena de privaciones ilegales de la libertad que terminó con diez personas asesinadas. La prevención debe ser la principal fortaleza de cualquier sistema de seguridad.
Estos acontecimientos representan un duro golpe a la eficacia de inteligencia del Estado mexicano y, sobre todo, a la confianza de una sociedad que exige resultados. Los gobernantes van y vienen; los ciudadanos permanecen. Quienes hoy fueron asesinados eran parte del tejido productivo, social e institucional de Zacatecas. Empresarios, trabajadores y servidores públicos que apostaron su vida y su patrimonio por su estado ya no volverán con sus familias. La justicia deberá esclarecer los hechos, pero la inteligencia y la prevención tendrían que haber evitado que esta tragedia ocurriera.

¿Habrá consecuencias por la falla de inteligencia estatal?
Esta tragedia que sacudió a Zacatecas con el asesinato de diez personas productivas y trabajadoras abre una pregunta que no puede quedar en el aire: ¿las cosas no pasarán a mayores dentro de las instituciones responsables de la seguridad?
Mientras las familias enfrentan una pérdida irreparable y la sociedad zacatecana reclama respuestas, permanece la duda sobre la responsabilidad de quienes tienen a su cargo la prevención del delito y la generación de inteligencia para anticiparse a los grupos criminales.
El secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, enfrenta ahora el reto de explicar los resultados de los organismos de inteligencia bajo su responsabilidad y la capacidad real del Estado para detectar amenazas antes de que ocurran otras tragedias como esta.
¿Habrá sanciones, ajustes o alguna dimisión ante una falla que permitió que diez ciudadanos, hombres de trabajo y esfuerzo, fueran arrebatados a sus familias y a una entidad donde cada día luchaban por construir un mejor futuro?
Los ciudadanos merecen saber qué ocurrió, quién falló y qué medidas se tomarán para evitar que la seguridad vuelva a responder únicamente después de la tragedia.

La unidad morenista en Zacatecas pende de un hilo
La definición de la coordinación de la defensa de la soberanía y la transformación en Zacatecas entra en sus últimas cinco semanas y, con ello, inicia la etapa donde los acuerdos, las señales políticas y la capacidad de operación territorial serán más importantes que nunca.
El proceso ha mostrado una competencia intensa entre perfiles con presencia propia como Ulises Mejía Haro, Verónica Díaz Robles, Geovanna Bañuelos, Carlos Puente Salas y José Narro Céspedes, quienes han multiplicado sus recorridos con la intención de fortalecer respaldos y llegar mejor posicionados al momento de la decisión.
Sin embargo, junto con la disputa legítima por la candidatura, también han aparecido prácticas que amenazan con dejar heridas profundas. La guerra sucia impulsada por grupos cercanos a algunos aspirantes no solamente desgasta a los contendientes, también pone en riesgo la cohesión interna de un movimiento que necesita llegar unido al proceso constitucional.
La unidad se ha convertido en el principal desafío. Algunos actores han advertido que hablar de reconciliación sin condiciones reales sería construir castillos en el aire. La etapa final podría estar marcada por una confrontación mayor si los grupos no entienden que una victoria interna dividida puede convertirse en una derrota política colectiva.
Más allá de quién resulte elegido o elegida, el verdadero reto será evitar que las diferencias de hoy se conviertan en las fracturas de mañana. Zacatecas necesita definición, pero también madurez política, y parece estar más alejada en estos momentos de la competencia interna.

Runrunazos
En una democracia, los contrapesos no los construye una sola persona. Jorge Rada ha sido, sin duda, uno de los abogados más visibles en la defensa jurídica frente a diversas decisiones del gobierno de David Monreal y sería injusto negarle el mérito de litigios relevantes que incluso marcaron precedentes. Pero también sería un error reescribir la historia atribuyéndole en exclusiva todas las victorias legales. Detrás de muchos de esos resultados hubo ciudadanos que decidieron dar la batalla, colectivos, especialistas, organizaciones y otros litigantes que promovieron recursos, aportaron argumentos o sostuvieron causas paralelas. Al César lo que es del César: reconocer los méritos de Rada no implica borrar las contribuciones de quienes, desde distintos frentes, también ejercieron el derecho a cuestionar al poder. El caso del Hotel Parador ilustra esa realidad. En el expediente 1390/2026, promovido por Rada, la demanda fue objeto de una prevención para subsanar requisitos procesales y, una vez atendida, el juicio continuó; sin embargo, el juez negó la suspensión provisional solicitada. La medida cautelar que frenó la venta del Hotel Parador provino de un expediente distinto, promovido por otro abogado. Los expedientes judiciales son claros: los méritos deben atribuirse a quien realmente obtuvo las resoluciones, no a quien primero las anuncia.