La realidad terminó por desmontar el discurso de Carlos Hernández Magallanes, “El doctor Pollo”. A un día de presumir con bombo y platillo la rehabilitación del área quirúrgica del Hospital Comunitario de Calera, la operación tuvo que detenerse porque la unidad no contaba con los estudios sanitarios indispensables para funcionar.
Lo ocurrido es una muestra de improvisación, falta de planeación y desconocimiento de los procesos básicos que exige la operación de un hospital. Resulta inconcebible que la nueva infraestructura presentada como terminada para atender pacientes no haya cumplido antes con los requisitos de la Cofepris.
Hernández Magallanes vuelve a quedar expuesto por su falta de profesionalismo para conducir los servicios de salud en Zacatecas. La responsabilidad de un funcionario de alto nivel no consiste en cortar listones ni organizar actos protocolarios, sino en garantizar que las instituciones funcionen correctamente y que los pacientes reciban atención oportuna.
El “incidente”, como fue calificado, del Hospital Comunitario de Calera, muestra que el puesto parece haber rebasado a quien hoy encabeza la coordinación del IMSS-Bienestar en la entidad. La salud pública no admite ocurrencias, prisas ni simulaciones.
Los pacientes que esperaban una cirugía no necesitan anuncios ni fotografías oficiales; necesitan hospitales operando, funcionarios preparados y una administración que entienda la enorme responsabilidad que tiene entre manos. Otra vez, la falta de capacidad operativa y administrativa quedó al descubierto. Y otra vez, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos.

Destituyen a jueza tras fallo sobre Hotel Parador
Resulta llamativo y genera suspicacias el momento en que ocurre la destitución de la jueza del Juzgado Tercero de Distrito en Zacatecas, Lizbeth González Cortés, ya que la separación de su cargo se da justo al día siguiente de que resolviera conceder una suspensión provisional a favor de una jubilada del ISSSTEZAC, medida que detiene temporalmente el traslado de dominio y la dación en pago del Hotel Parador al Gobierno del Estado.
Sin embargo, también debe señalarse, en descargo del Tribunal de Disciplina Judicial, que desde diciembre del año pasado la jueza ya venía enfrentando diversos señalamientos administrativos relacionados con su desempeño.
Entre ellos se mencionan resoluciones apoyadas presuntamente en herramientas de inteligencia artificial, la interrupción de manera presuntamente irregular de la contratación de una trabajadora para evitar que pudiera obtener su basificación, así como el envío de proyectos y resoluciones a sus subordinados para que realizaran funciones que correspondían a la titular del juzgado, además de otros señalamientos.
Por ello, aunque el momento de la destitución resulta políticamente sensible y puede generar interpretaciones diversas, El Tribunal de Disciplina Judicial ha sostenido que la medida no tiene relación con la resolución emitida dentro del juicio de amparo del Hotel Parador, sino con procedimientos administrativos iniciados con anterioridad.
Lo cierto es que, con la separación de la jueza, la audiencia relacionada con el Hotel Parador queda en suspenso y corresponderá a otro juzgador continuar con el análisis del fondo del juicio de amparo y determinar lo que en derecho corresponda. En asuntos de esta naturaleza pueden ocurrir múltiples escenarios; por ahora, lo único claro es que la resolución sobre el destino del Hotel Parador seguirá su curso por la vía judicial.

Zacatecas da el primer paso para proteger a las infancias
El escandaloso caso ocurrido en Tabasco, donde una menor de diez años fue agredida física y sexualmente por un presunto adolescente de 13 años, abrió una profunda discusión nacional sobre la responsabilidad del Estado para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, así como sobre los mecanismos de justicia que deben aplicarse ante hechos que involucran a menores de edad.
En este contexto, Zacatecas dio ayer un paso fundamental al avanzar en la construcción de herramientas que permitan conocer con precisión cuántas niñas, niños y adolescentes viven en la entidad y cuáles son las condiciones que enfrentan.
La presencia del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, en la formalización del Sistema Estatal de Información de Niñas, Niños y Adolescentes, junto con el INEGI, es una señal de que la protección de las infancias debe partir del conocimiento, la prevención y la generación de políticas públicas basadas en evidencia.
Esta plataforma, con 218 indicadores agrupados en áreas como desarrollo, protección, supervivencia y participación, permitirá identificar riesgos y orientar acciones concretas desde las instituciones.
La defensa de las infancias no puede limitarse a reaccionar ante tragedias; requiere información, coordinación y una política permanente que coloque a niñas, niños y adolescentes como prioridad del Estado. Ahora después de los trabajos y la consolidación del proyecto, se eviten casos como el de la menor que se debate entre la vida y la muerte.

Runrunazos
Luego del ataque a una niña de 10 años que se encuentra grave de salud, ocurrido en el municipio de Tabasco el pasado 10 de julio, fue vinculado a proceso el adolescente de 13 años por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violación equiparada agravada. El adolescente ya está sujeto a proceso y está siendo investigado dentro de una causa penal ante un juzgado especializado. La actuación de la Fiscalía está en proceso y se espera una sanción ejemplar por los delitos cometidos.