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Vacuna contra el autoritarismo corruptor

Vacuna contra el autoritarismo corruptor

J. Luis Medina Lizalde

   |  5 octubre, 2020

José Luis Medina Lizalde

José Luis Medina Lizalde.

Sería impecable el argumento contra la consulta sobre los expresidentes que señala que “la aplicación de la ley no se negocia”. Si en los 30 años a revisar, el Estado de Derecho hubiera sido una realidad, sobran los botones de muestra que evidencian que la persecución legal de los delitos estuvo a cargo de una institución que no hizo la tarea y que la autonomía de la reconvertida Fiscalía General comienza apenas el ciclo de autonomía respecto al Poder Ejecutivo.

Los delitos económicos, los crímenes de estado, las privatizaciones de empresas públicas, los inmorales “rescates” carreteros de ingenios azucareros y el más dañino de todos, el de banqueros, fueron posibles e impunes porque las instituciones responsables de garantizar la legalidad no funcionaron; el país paga las consecuencias.

Otro argumento que no se resiste el menor análisis es el de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue presionada por el presidente de la República, el cual se concretó a opinar y exhortar a un poder que se resiste a la ley de austeridad republicana válido desde su autonomía.

En los meses por venir viviremos la lucha de fuerzas políticas opuestas, los votantes conectarán su voto por candidatos, con el que emitirán dos meses después a favor o en contra de colocar los cinco sexenios precedentes bajo la lupa.

López Obrador tendrá enfrente a cinco expresidentes con sus respectivos empresarios y políticos afines, con sus medios de comunicación y “abajo firmantes”, en su momento “apapachados” con dinero de los contribuyentes, con políticos que ven abruptamente finalizado su vuelo con el viraje electoral.

La atención pública está más en la agenda nacional que en las locales y en los asuntos públicos, más que en el deporte y las banalidades de la industria del espectáculo como hasta hace poco.

Ninguna de las fuerzas enfrentadas monopoliza la circulación de la información.

Derivaciones anticipables

El clima político resultante del choque entre el pasado que se resiste a morir y el futuro que busca nacer, se puede esbozar del siguiente modo:

Los opositores al enjuiciamiento del pasado utilizarán cada signo de corrupción en la administración federal para afectar a la autoridad moral del presidente, lo que solo se podrá neutralizar practicando la política de que “el buen juez, por su casa empieza” y deshaciéndose de los funcionarios que por angas o por mangas, se han colocado bajo la presunción generalizada de corrupción, desde luego, sin ceder a las maquinaciones mediáticas tan en auge.

El Poder Judicial adquiere la visibilidad de los otros dos poderes, a partir de la cual, sus decisiones trascendentes serán motivo de evaluación popular, apoyo y rechazo, algo que no ha experimentado debido a su histórico bajo relieve público.

Los gobernadores que resulten electos en 2021 serán sometidos a presión ciudadana sin precedente para que transparenten el estado de cosas, dejado por el antecesor, y apliquen la ley con severidad en los casos de corrupción del dominio público y emergente.

No transcurre una semana de aprobada la consulta sobre los expresidentes, cuando en los distintos estados se manifiesta la inquietud de aplicar la misma medicina a los exgobernadores, en donde el pasado es igualmente repudiado.

Gestar otra moral pública

Recientemente se difundió el impresionante derroche en viáticos de algunos diputados de la actual legislatura zacatecana, la reacción fue de enojo con quienes respondieron a la solicitud de información con base a la ley pertinente recriminándoles “no atender su obligación de cuidar la imagen de los diputados” y removiendo de su cargo a la titular de la Unidad de Transparencia.

El episodio refleja la moral política que ha dominado la vida del país y cuyos frutos serán motivo de una evaluación histórica viabilizada por la decisión de la SCJN.

Los impulsos de honestidad sofocados por la inercia autoritaria, la impunidad con la que se obliga a los subordinados a “no meterse en problemas” imponiéndoles silencio, son acciones contrarias al Estado de Derecho al bloquear el cumplimiento del deber institucional.

El pacto de silencio entre gobernadores y presidentes municipales entrantes y salientes, se tradujo en un súbito crecimiento patrimonial de unos pocos que cometen faltas y delitos nunca perseguidos por un ministerio público subordinado, pues la autonomía formal de esa instancia también comienza, y en no pocas ocasiones es mera fachada.

Zacatecas tiene cuentas que pedir

Es deseable el perfeccionamiento legislativo y el traslado de la- democracia participativa a estados y municipios para gestar una cultura política moralmente superior.

Solo la participación ciudadana liberará al estado de su condición de botín de logreros en que lo convirtieron los profesionales del oportunismo. Los tiempos por venir son más complicados que lo que serían sin la pandemia. No necesitamos un “conductor de instituciones”, sino un líder de la gente.

Nos encontramos el jueves en El Recreo.

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