
José Luis Medina Lizalde.
El proceso que tiene lugar en Nueva York contra García Luna desata debate sobre la confiabilidad de testigos que aportan información a cambio de beneficios.
Son redes y no individuos los que protagonizan, eliminarlas de la vida pública es prioridad número uno en nuestro país y en cada estado y municipio. Eso es lo que da pertinencia a la figura de “testigo protegido”.
El proceso que tiene lugar en Nueva York contra García Luna desata debate sobre la confiabilidad de testigos que aportan información a cambio de beneficios. Durante muchos años, el sistema penal mexicano marcó distancia con la tradición jurídica norteamericana respecto a la obtención de información procedente de delincuentes, así como al ofrecimiento de recompensa al que aporte información sobre el paradero de fugitivos de cierta importancia. El viraje que dio el país con el ascenso de los tecnócratas seducidos por los Estados Unidos incluyó cambios en nuestro modelo de justicia que incorporaron ambas cosas además de la oralidad en procesos penales. La discusión doctrinaria pierde fuerza y poco a poco se asimila que la integración con Estados Unidos por la vía de acuerdos comerciales que incluyen a Canadá, rebasa lo meramente económico y comercial.
Emilio Lozoya es de los más destacados comparecientes ante tribunales que buscan obtener beneficios revelando información incriminatoria de otros participantes en sus delitos.
Rosario Robles vio debilitada su defensa cuando su operador estrella, Emilio Zebadúa, pacta la información sobre los delitos que se la atribuyen a la extitular de dos secretarías señaladas ´por desviar recursos hacia el PRI cuando las dirigió.
Prófugos como el exgobernador de Tamaulipas García Cabeza de Vaca o el ex coordinador parlamentario del PAN en Ciudad de México huyen temerosos de revelaciones de ex colaboradores procesados que no alcanzaron huir.
Ricardo Anaya prefirió poner tierra de por medio cuando por sobornos de Obedrecht es vinculado a proceso el ex senador Lavalle (A Anaya, Emilio Lozoya le atribuye un papel protagónico en esa historia).
Los testigos protegidos no sirven para delitos de comisión individual sino para los que se cometen con la participación de otros, las operaciones del narcotráfico pertenecen a ese tipo de crímenes. Cada vez que caen cabecillas a prisión, se echa andar una poderosa y sigilosa operación de protección para que el inculpado aguante la presión sin pactar con la autoridad revelando lo que sabe.
Apenas este lunes, el Secretario de Marina reveló que el 53 por ciento de delincuentes que detienen en altamar con las manos en la masa son liberados por jueces especializados en encontrar la aguja en el pajar que les permite presentar su acto de complicidad cómo decisión apegada a derecho. El aparato de protección a los capos funciona.
La información vertida en el juicio contra García Luna constituye un material extraordinario para la investigación histórica, además del papel de Felipe Calderón y los demás integrantes del gabinete de seguridad del mismo y de Vicente Fox (Este último lo metió a las grandes ligas al ponerlo al frente de la AFI), habrá de desentrañarse la compra de periodistas tanto para el caso específico de los 300 mil dólares para difundir la detención de Jesús Zambada como los 25 millones de pesos al diario El Universal. Estas informaciones aportadas por temibles delincuentes con el obvio interés de mejorar su situación no pueden ser dadas por buenas ni desechadas sino mediante investigaciones posteriores en México, pues para los Estados Unidos estos hechos no serán de su interés.
En el testimonio ofrecido por Héctor Villarreal, quien fuera secretario de finanzas en el gobierno de Coahuila de Humberto Moreira, el súper endeudado estado tiene el reto de esclarecer la recaudación ilegal de 200 Millones de dólares destinados a campañas políticas (salvo lo que se repartían entre ellos). Su dicho no debiera pasar desapercibido en Zacatecas dado que fue Humberto Moreira el que en 2010 inundó Zacatecas de enviados con dinero en abundancia para arrebatar la victoria electoral al PRD gobernante, basta recordar el incidente a punto de desembocar en enfrentamientos violento entre partidarios de Miguel Alonso y de Antonio Mejía cuando se descubrió a un grupo de coahuilenses con mucho dinero en efectivo en la colonia “Los Geranios”.
La información que brota de los testimonios vertidos hasta ahora dibuja conexión del narcotráfico con política, administración pública, medios de comunicación y elecciones. Para un sector minoritario de mexicanos no es novedad lo que va revelándose, pero para las nuevas generaciones es oportunidad de medir el tamaño de la tarea de liberar de corrupción a nuestra patria.
Muchos medios convencionales siguen fluctuando entre el silencio cómplice y el linchamiento a priori, ahora las redes hacen la diferencia.
Sea cual sea el veredicto, mucho aprenderemos del México realmente existente y así saber transformarlo con votos.
Nos encontramos el lunes en Recreo