Testigos pasivos de la historia

El Estado mexicano libra una batalla histórica contra la corrupción pública:  el inicio del proceso de Lozoya Austin coincide con la puesta en práctica del etiquetado frontal de advertencia a productos perjudiciales, así como con la inminente llegada del exgobernador prófugo de Chihuahua; con la decisión de poner a competir a los fabricantes de medicamentos mexicanos con sus homólogos del extranjero para que dejen de chantajear al sistema de salud; con el anuncio de la creación de una distribuidora pública de medicamentos; con la congelación de miles de cuentas ligadas a ganancias derivadas de tráfico de drogas y trata de blancas y muchas acciones más que se suman a la cancelación de varios negocios de alto calibre contrarios al interés general. El caso Lozoya es la primera ocasión en la que el juicio contra un individuo se toma como la vía para aniquilar los mecanismos instalados en las estructuras públicas para la comisión impune de delitos en perjuicio de todos los mexicanos.

Dentro de esta estratégica batalla sobresale el rescate de la iniciativa del presidente para la eliminación del fuero que ha encontrado muchos obstáculos en el camino: aquí cabe preguntarnos ¿a qué se debe que en Zacatecas permanezcamos expectantes de una batalla que decide el futuro de México? ¿por qué no estamos sumándonos al combate a la escandalosa corrupción y la contemplamos como si esta ocurriera en otro país ¿Acaso los hechos de corrupción que se combaten no han aterrizado en Zacatecas? ¿Qué aquí no se anidó la compra de gasolina robada en su período de auge?  ¿La podredumbre en el sector salud no se manifestó en Zacatecas?

En Zacatecas estamos equivocados al tratar la corrupción como reto técnico- administrativo que se resuelve con mejoras de procedimientos de auditores y fiscalizadores y no cómo batalla política contra intereses creados que tienen la ventaja que les brinda un aparato comunicacional herido por el trato de privilegio que les dio una clase gobernante urgida de que le cubrieran las espaldas, por eso no hay una porción de la plural clase gobernante local que participe en la formidable batalla contra la corrupción sumándose al combate nacional y enfrentando la corrupción en lo local.

El cambio pasa de noche

Un factor que acentúa la pasividad es la nula presencia pública del gobierno federal en Zacatecas, la súperdelegada no dio el estirón para fungir como enlace efectivo del gobierno federal con  sectores zacatecanos que demandan atención de dependencias federales como lo pueden atestiguar los productores del campo que perciben la muralla burocrática de siempre, una rica interacción entre niveles de gobierno permitiría cerrar el paso a la corrupción explícita y a la ineficiencia burocrática.

Por ningún lado aparece una porción de clase gobernante que abandere la lucha consecuente contra la corrupción. Ni en los cabildos, ni en la Legislatura, ni en el poder judicial, ni en órganos locales autónomos se percibe acción o voluntad política de participar en esta histórica lucha que da el Estado Mexicano en contra de ese mal de males que se llama corrupción.

Lozoya dejó la soberbia que lo hizo decir que tenía el tiempo y el dinero suficiente para derrotar a quienes lo perseguían, gracias a las reformas jurídico-penales que introducen elementos del derecho norteamericano, encuentra un salvavidas en el concepto de “Criterios de Oportunidad” en la versión de testigo colaborador que implica que será sometido a juicio por la gravedad de lo que se le imputa, lo que le impide acceder a la condición de testigo protegido.

Nadadores de muertito

La lucha del Estado Mexicano contra los poderosos intereses amenazados por el proceso en contra del exdirector de Pemex  le confiere la obligación de velar por su vida, lo que ha trascendido es tan explosivo, que lo primero que viene a la mente es el “providencial” asesinato de del señor  Gamboa, operador estrella de la corrupción en la Secretaría de Hacienda en el sexenio pasado asesinado con su madre y hermanos  apenas a tiempo para llevarse a la tumba información igual o más explosiva que la de Lozoya, pero de lo que no se podrá salvar Lozoya es de la campaña de desprestigio para desacreditar su dicho enfatizando que es un delincuente, basta leer las columnas de los voceros del pasado régimen para advertir la maniobra, como si no fuera ineludible requisito procesal que deberá aportar pruebas, evidencias e indicios de todos su dichos para poder recibir los  atenuantes de su condición de indiciado.

En Zacatecas, la clase política no muestra disposición a participar en la batalla del lado del Estado Mexicano, las limitaciones culturales de algunos les lleva a ver en esto intereses partidistas o pasajero capricho presidencial.

Vivirán para lamentar su omisión histórica.