Sí a la reforma judicial

El abogado Felipe Borrego Estrada fue propuesto para ministro de la SCJN, en la terna figuraron Bernardo Sepúlveda y Sergio Valls. Si el desempeño en la comparecencia hubiera sido determinante, no me cabe duda que Felipe sería ministro, si la trayectoria fuera el factor decisivo, Bernardo Sepúlveda habría sido el elegido, pero el grupo salinista se impuso y Sergio Valls fue al que los senadores nominaron. Cito el caso del que fui testigo cercano para llamar la atención sobre como la integración de la SCJN y de los tribunales de justicia en los estados son copados por grupos de poder.

El propio Borrego Estrada puso el cascabel al gato cuando siendo consejero de la judicatura federal hizo público su “Estudio sobre redes familiares y clientelares en el consejo de la judicatura federal”. En su parte introductoria consigna: “Los jueces, tanto locales como federales, son desvalorados en México, con niveles similares a los de los partidos políticos, las policías y las agencias del ministerio público, añadiendo que “la inadecuada designación de personal administrativo y jurisdiccional, la generación de redes clientelares, el nepotismo, los enroques injustificados y la falta de respeto al escalafón judiciario contribuyen, sin duda a esa percepción”.

El propio presidente de la SCJN Arturo Saldívar reconoció la podredumbre en el poder judicial e impulsó hasta dónde pudo una reforma judicial que se topa con poderosos intereses creados.

Antes y después de Saldívar, esa realidad se encubre con discursos ampulosos de división de poderes, de autonomía judicial y demás palabrería satanizadora de la crítica, en vez de preocuparse por revertir el evidente desprestigio del poder judicial en México, tan elocuentemente expuesto en el citado estudio de Borrego Estrada publicado antes de que iniciara el gobierno de López Obrador.

Democratizar el acceso a cargos

El Consejo de la Judicatura Federal publica el pasado fin de semana en el Diario Oficial de la Federación una convocatoria a la ciudadanía para evaluar dentro de un plazo de 30 días y así conceder o negar la ratificación correspondiente, el desempeño de ocho jueces y una magistrada que han emitido sentencias polémicas, desde otorgar amparo a una jueza que no aprobó un examen hasta liberaciones de connotados capos del crimen organizado, pasando por amparos otorgados contra la reforma eléctrica.

Independientemente del resultado de este ejercicio, lo valioso de este precedente es el reconocimiento de que la función judicial debe someterse al escrutinio público, a lo mejor es el único modo de agrietar el conservadurismo que campea en el poder judicial y en las escuelas de derecho y fortalecer el pensamiento jurídico progresista que también existe.

En cuanto a la propuesta de elección de jueces, magistrados y ministros de la SCJN, hay que decir que es un tema muy viejo y que se practica en muchos países pero hay que aclarar que en ella no intervienen partidos y que para aspirar a un cargo judicial se deben cumplir requisitos para garantizar preparación jurídica, solvencia moral y capacidad, abriendo las puertas a participación de litigantes, docentes e investigadores de las ciencias jurídicas, personal especializado del poder judicial etcétera, la democratización del acceso a los cargos judiciales hace justicia a muchos que realmente hacen el trabajo que sus jefes lucen, pues así como los legisladores presumen el trabajo que les hace el personal de los congresos a los que nunca se les da crédito, los juzgadores cuentan con personal que se da la friega para y el jefe nomás firma cuando sale conchudo.

Hay jefes que saben orientar y supervisar el trabajo de sus subordinados especializados y jefes que solo firman ¿No es justo que se abran las puertas para los esforzados, para los que honran la profesión que carecen de padrino político?.

Un requisito para ser elegible a un cargo judicial pudiera ser el de cursar estudios en un centro de saberes judiciales (La idea de dicho centro la toma del documento de Borrego Estrada).

Regeneración judicial

El estudio multicitado se enfoca a la realidad administrativa del poder judicial, no al desempeño jurisdiccional, siendo en esta última dimensión dónde la inconformidad con el poder judicial genera muchas historias, pues la impunidad mucho tiene que ver son este poder, la tortura como método de investigación, la ausencia de justicia pronta y expedita es tan obvia que ni siquiera es necesario argumentar.

El otorgamiento de amparos para frenar la impresión de libros de texto, las suspensiones de obras de infra estructura pública de gran calado, la protección a intereses contrarios al interés nacional y la liberación de peligrosos delincuentes con pretextos baladíes reafirman mi convicción de que debemos luchar por la reforma al poder judicial.

Para que cumpla la función que ahorita dice que cumple.

Nos encontramos el jueves en Recreo

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