¿Le agarramos la palabra?

Me inclino porque se la agarre la palabra a la ministra Norma Piña, catastrófica presidenta de la SCJN y que la denuncia contra el ministro en retiro y 65 jueces y magistrados federales sea puntualmente aclarada, entiendo las objeciones jurídicamente válidas sustentadas en el hecho de que se trata de un anónimo evidentemente confeccionado desde el interior de la “Suprema” y que  la inusual admisión de la denuncia de marras torna vulnerables a todos los que  integran el poder judicial, al dejarlos expuestos a la vileza de quienes sin necesidad de dar la cara puedan, cuando menos, atentar contra la integridad moral de aquéllos que estorben sus intereses.

La filtración a los medios del anónimo y la admisión del mismo en pleno proceso electoral delata intencionalidad política del acto dado que el principal implicado coordina los diálogos encaminados a la reforma judicial que tanto resisten por el aferramiento a los infames privilegios que sus pares de otros países no tienen, la utilización del caso de la oposición solo confirma la aportación “desinteresada” de la cúpula de un poder que insiste en deslegitimarse, pero con todo y eso, me inclino a agarrarle la palabra a Norma Piña  desde una posición que no prejuzga en torno a la inocencia o culpabilidad de nadie.

La admisión y filtración del anónimo de marras da el tiro de gracia a la prolongada etapa de “santificación” mediante desmesurados auto-elogios inhibidores del libre examen ciudadano sobre esa vital esfera del servicio público que inducen a suponer que la toga y el birrete es certificado de honorabilidad. La oscuridad del quehacer institucional arraiga lo negativo y oculta lo positivo.

Degradación admitida

El ambiente que retrata el anónimo que valida con su admisión la presidente Piña es de degradación institucional, admitiendo por primera vez lo que muchos hemos sostenido durante mucho tiempo, puesto que si fuera cierto todo lo que se dice cometieron los más de 65 implicados, nada autoriza a pensar que son los primeros y serán los últimos que incurren en las prácticas reseñadas en el anónimo, en ese sentido, los jóvenes que en estos momentos se forman como futuros abogados van a registrar una realidad que a sus profesores sin conciencia crítica les pasó de noche y podrán sumarse a la tarea renovadora de la justicia ya sin la venda en los ojos impuesta mediante la retórica de la auto complacencia.

Al investigar el anónimo de marras la gente podrá confirmar que no existe instancia confiable de vigilancia y fiscalización pues la Judicatura Federal está bajo el mando de la persona que presida la SCJN, así de aberrante el diseño de un poder que gestó la cúpula burocrática más avarienta de país alguno, de la experiencia podrá resultar la reforma que establezca un ente responsable de cuidar que la corrupción no carcoma a un poder de estado vital como es el judicial.

El poder judicial tiene en su seno a personas con altos valores incómodos por ser testigos impotentes de corruptelas y que tienen razonables temores de ser víctimas de represalias que van desde el despido hasta el bloqueo en su carrera, por eso si se les da la oportunidad de presentar denuncias anónimas y estas son admitidas en tiempo récord como en el caso que nos ocupa, el miedo a ser denunciados al cometer ilícitos contra la impartición de la justicia inhibirá a muchos.

Imagínese usted que mediante denuncias anónimas investiguen éxitos litigiosos de Salinas Pliego, Iberdrola, Rosario Robles, Emilio Lozoya, Murillo Karam, Juan Collado, Ricardo Anaya, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Uriel Carmona, fiscal de Morelos.

A todos nos gustaría saber cómo es que procesados por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, plenamente confesos, al grado de pactar con la justicia como testigos protegidos a cambio de información, de repente lograron su libertad.

Sin colaboración judicial la venganza de Salinas de Gortari contra la Quina no hubiera sido posible, tampoco el empoderamiento del crimen organizado.

El amor al dinero pierde

Norma Piña quiso acaparar el poder de adscribir jueces y magistrados que en estos momentos ejerce una comisión de la Judicatura Federal apenas el 28 de febrero del año en curso y si no lo logró fue a que la consejera Celia Maya lo denunció públicamente, no se percata de lo mucho que ha cambiado el país y en vez de participar en la búsqueda dialogada de reformas consensadas mete al poder que preside a la contienda electoral, pero en vez de quedarnos en el señalamiento de su comportamiento faccioso hay que agarrarle la palabra.

Llegará el día en que a la cúpula judicial accedan los que aman más la justicia que el dinero, que honren la autonomía judicial.

Nos encontramos el jueves en Recreo

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