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26 de septiembre

26 de septiembre

¿Seguimos o nos regresamos?

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José Luis Medina Lizalde
José Luis Medina Lizalde.

¿Vamos bien o nos regresamos? El caso de Ricardo Anaya transparenta la coyuntura mexicana, al asumirse como perseguido político ha contado con el acompañamiento de líderes opositores del PRI, PAN, PRD y de opinantes alineados al pasado régimen, pone a prueba el cambio en el tratamiento político de la corrupción de poderosos en México, durante muchos años se dejó de aplicar la ley para “no hacer olas” al grado tal que se movió primero el avispero del narcotráfico que el de la corrupción de las élites políticas y empresariales, lo que ocasiona que políticos tipo Diego Fernández De Cevallos lleguen a viejos intocados y bajo el amparo de la prescripción.

La lucha contra la corrupción no se reduce a encarcelar corruptos, además de que ahora se da curso a denuncias de alto calibre congeladas durante el gobierno de Peña Nieto, la unidad de inteligencia financiera y la Secretaría de la Función Pública han presentado sendas denuncias ante la por primera vez autónoma Fiscalía General, se ha reformado la constitución y las leyes prohibiendo la condonación de impuestos, equiparando la facturación falsa a delincuencia organizada, prohibiendo partidas secretas, estableciendo la corrupción pública como delito grave, haciendo imputable al Presidente por cualquier delito en que lo sea el ciudadano común y emprendiendo acciones legales contra poderosos como Miguel Alemán, Alonso Ancira, y prominentes políticos como Lozoya, Rosario Robles y los que faltan, se logró que los grandes empresarios pagaran sus deudas acumuladas con el fisco, lo que permitió enfrentar la situación de la pandemia sin pedir prestado, se cerró la llave por la cual se fugaron miles y miles de millones de pesos de dinero público a los dueños de medios de comunicación y a sus opinadores estrella, sin hacer concesiones a la furia desatada.

En resumen, el Presidente López Obrador pone en práctica la lucha contra la corrupción e impunidad más integral de la historia de nuestro país, para ello, fue menester superar el tabú que convirtió la tolerancia a la corrupción de las élites en factor de estabilidad política.

Les faltó tamaño

La clase política mexicana promedio, carece de estatura para asumir como política de estado el combate a la corrupción, cada facción ha defendido a sus propios corruptos, el caso de Anaya es elocuente al respecto. Vienen de la experiencia de usar el combate a la impunidad como cortina distractora, como instrumento contra el adversario, como venganza.

La falta de estatura de muchos políticos vigentes se traduce en que el poder legislativo siga siendo bastión de resistencia de la corrupción, Senadores y diputados siguen valiéndose de plazas laborales para ganar operadores, desviando recursos, funcionando con opacidad, como también sucede en las legislaturas locales.

Son expertos tejedores de relaciones de complicidad entre facciones parlamentarias y practican la resistencia pasiva cuando sienten amenazados sus intereses siendo evidente (a pesar de los esfuerzos de muchos de sus integrantes) no han estado a la altura de los tiempos.

El Poder Judicial apenas sale de los efectos de años y años de auto-elogio, de auto alabanzas sobre lo que significan, los ministros de la Suprema Corte de Justicia se sienten con el derecho de ganar no solo muy por encima del mexicano promedio sino también mucho más que sus colegas de países como Estados Unidos y de Europa con finanzas públicas muy superiores a las nuestras ¿Alguien puede desvincular la existencia de un poder judicial corrupto en buena medida con el auge del crimen organizado?

Un panorama como el descrito deja claro que el Presidente de la República no tiene alternativa, su vitalidad ante la corrupción procede de la ciudadanía dispuesta a acompañar su lucha, no del respaldo de una clase política promedio que aún no supera el tema de la impunidad como cuestión de táctica en vez de asunto de principio esencial para la vida nacional.

Esperemos los hechos

En los Estados y municipios andamos más o menos por las mismas, la Ciudad de México vivió con Mancera el auge de los negocios inmobiliarios, control clientelar de ambulantaje y asentamiento de bastiones delictivos, en los estados el panorama es desigual, mientras en algunas entidades han tomado providencias y emprendido acciones contra la corrupción anidada en sus estructuras locales, otras, como el Estado de México y Zacatecas, entre otros, viven en la simulación, cada nuevo gobierno saca trapitos al sol del anterior y finalmente se hace como que se hace.

En vísperas del arribo de David Monreal a la gubernatura de Zacatecas hay signos contradictorios, al mismo tiempo que reitera su compromiso contra la corrupción calla ante los episodios mayores de la misma ampliamente conocidos por la opinión pública banalizando el tema con lápices y cocodrilos extraviados.

Es prematuro adelantar vísperas.

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