Profundicemos la transformación

José Luis Medina Lizalde.
José Luis Medina Lizalde.

En nuestro país, muchos delitos que quedan impunes cuando transcurre el tiempo promedio entre penas mínima y máxima previstas.

Para nadie pasa desapercibido que la voluntad mayoritaria de los mexicanos es a favor de que siga la transformación, tan poderoso motor debe impulsar la profundización de la lucha que más convoca, la lucha contra la corrupción. La gente aprendió ya que no habría trenes, refinerías, aeropuertos, carreteras, presas, pensiones y programas sociales ni cobertura creciente de las redes de internet si el esquema de corrupción en los altos niveles no hubiera sido contenido.

La pregunta que debemos hacernos es como profundizar la limpieza de las instituciones públicas de manera que nunca regrese la degradación y se vaya la que aún resiste.

Acotemos la impunidad

Recientemente las cámaras del Congreso de la Unión aprobaron una reforma penal que establece la imprescribilidad de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.

En muchos países cancelan la posibilidad de que los que cometen determinados delitos se beneficien de que, transcurrido determinado tiempo sin que la justicia los alcance, cese su persecución penal.

Así pasa en nuestro país, dónde muchos delitos que quedan impunes cuando transcurre el tiempo promedio entre penas mínima y máxima previstas para el delito en cuestión.

Quién comete un delito que no prescribe nunca recupera la tranquilidad, no es remoto que opte por comparecer ante los tribunales si existe la expectativa de cumplir una sentencia después de la cual se pueda reinsertar en la sociedad.

La impunidad tiene mil caminos, uno de ellos se recorre mediante la colaboración silenciosa de agentes de la justicia para que el tiempo transcurra a favor de la prescripción, a eso hay que sumar las deficiencias de un sistema de justicia con pesadas cargas, insuficiencia de personal y equipo e insuficiente preparación.

La valoración social de la gravedad de los delitos es fruto de la cultura de cada país, de los condicionantes ideológicos, económicos y políticos siempre en curso de transformación, hay conductas que en algunos países constituyen delitos severamente penalizados mientras en otros, dichas conductas no son catalogadas como delitos. Las mujeres iraníes y de Afganistán son brutalmente castigadas si no cubren su rostro con un velo mientras que en el mundo occidental no se considera delito salir a la calle con el rostro descubierto.

Los delitos graves son castigados de manera diferente, en algunos países, se hace justicia mediante azotes, trabajos forzados, cárcel prolongada y pena de muerte, en otros, la prisión, trabajos comunitarios, multas y reparación del daño son las formas predominantes de ejercer justicia.

Lo que tienen en común es el propósito de desalentar la repetición de las conductas que se castigan.

Zozobra de por vida

La eliminación de la prescripción tiene un efecto disuasivo potente porque el que comete delitos que no prescriben nunca tendrá a salvo su libertad, su patrimonio y su reputación.

México debe dar el paso que otras sociedades ya dieron consistente en establecer en la constitución que los delitos de corrupción pública no prescriben, de dar ese paso, daremos un paso formidable pada disuadir conductas que no se detectan pronto y de disuadir también a los que con su abstención las hacen posibles.

Entre las prácticas corruptas más usuales está  patrocinar campañas políticas a cambio de favores futuros, utilización ilícita de recursos públicos a favor de partidos y candidatos, cobrar como servidor público y pagar como particular “moches” a cambio de un servicio, contrato, permiso, licencia o autorización, encubrir acciones u omisiones sobre conductas constitutivas de delitos o de faltas administrativas, vender el voto como legislador, comprar votos de legisladores, uso de facturas falsas para robar dinero público, recibir u otorgar ingresos sin devengarlos con trabajo en el sector público, ceder indebidamente patrimonio público a particulares, hacer favores judiciales  manipulando las leyes, vendiendo sentencias y resoluciones, otorgando suspensión de acto reclamado afectando el interés general por motivos pecuniarios o políticos, recurrir al tortuguismo judicial para favorecer a un evasor de impuestos y un largo etcétera.

No pasa nada hasta que pasa

Es verdad incuestionable que eliminar la corrupción instalada en un sistema político es tarea de generaciones, no de un período presidencial, por eso la importancia de la continuidad del propósito.

La batalla emprendida por López Obrador tiene logros innegables, pero si no hay un nuevo diseño del poder judicial no culminaremos la tarea dado que el existente es perfectamente funcional con la corrupción sistémica.

Tan grave son los delitos sexuales contra menores de 18 años como los de corrupción pública. Bien valdría la pena que la cancelación de la prescripción de los delitos de corrupción sirva de cimiento para una nueva institucionalidad pública.

La estrategia de “darle tiempo al tiempo” deja impune muchos delitos y multiplica la corrupción al generar la sensación de “al cabo no pasa nada”.

Profundicemos la transformación.

Nos encontramos el jueves en Recreo

@[email protected]




Más noticias


Contenido Patrocinado