No más de lo mismo, por favor

José Luis Medina Lizalde.
José Luis Medina Lizalde.

El agobio de la delincuencia que secuestra para extorsionar en cabeceras municipales y comunidades es cada vez más angustiante. La delincuencia de bajo perfil se cobija bajo el árbol de la organizada por la ausencia de una política de seguridad local que debió anticiparse desde los años 80, cuando se hizo evidente la actividad de … Leer más

El agobio de la delincuencia que secuestra para extorsionar en cabeceras municipales y comunidades es cada vez más angustiante. La delincuencia de bajo perfil se cobija bajo el árbol de la organizada por la ausencia de una política de seguridad local que debió anticiparse desde los años 80, cuando se hizo evidente la actividad de los cárteles de la droga sembrando, cosechando y trasladando marihuana sin que la los traficantes se metieran con la población civil, ni el gobierno con los traficantes. Luego, nuestro territorio brindó espacio para laboratorios de droga y pistas clandestinas sin que las autoridades locales advirtieran que Zacatecas, por su orografía y ubicación, está condenado a la presencia del crimen organizado, y que dicha presencia desencadena y escuda la delincuencia del orden común, tal como ahora se pone de manifiesto.

Lo vivido en las últimas décadas demuestra que el gobierno federal no puede derrotar al crimen organizado sin la ayuda de los gobiernos locales, y los gobiernos locales no pueden con la delincuencia común sin la participación del gobierno federal; cada quien en su ámbito, llevando a cabo un plan general y repartiéndose tareas.

El próximo gobierno zacatecano está obligado a una política distinta que haga de la participación ciudadana la clave que nos preserve de la amenaza a la vida democrática que genera la violencia, en donde la intimidación, procedente de las bandas del crimen, es capitalizada por el pensamiento político autoritario, normalizando aberraciones como los toques de queda, la pena de muerte extrajudicial y hasta la legitimación de la tortura para la obtención de información. El reto es enorme, se trata de tener cuerpos policiacos confiables en el ámbito moral y profesional, de tener consolidación científica en la investigación del delito, una elevación de localidad en la impartición de justicia y enfocarse en la eficacia de la reinserción social del delincuente, acompañado por una gestión pública permanente, de uso creativo del tiempo libre en barrios y comunidades y, finalmente, la aplicación de la comunicación orientada a prevenir conductas auto-destructivas y disolventes de los lazos comunitarios.

Lo local y lo federal

El próximo gobernador tendrá éxito si lidera la lucha contra la inseguridad de sus gobernados, siendo el servidor público local más y mejor informado. Es más que probable que sean los órganos de inteligencia federal los que dispongan de información precisa sobre la infiltración del crimen organizado en las filas de los gobiernos municipales y estatal que ya trasciende la de los cuerpos policíacos, el estar informado compromete a obrar en consecuencia, pero delegar en subordinados el liderazgo de la lucha por la seguridad humana no le ha funcionado al estado en su ya prolongado estado de zozobra.

Los crímenes cometidos por la delincuencia organizada opacan las tropelías de la delincuencia común a pesar de ser la que más sufrimiento impone a las familias zacatecanas mediante extorsiones, robos y violencia; el crimen organizado solo puede ser enfrentado por las fuerzas federales civiles y militares con la complementación de las autoridades locales, pero la delincuencia común es responsabilidad prioritaria del gobierno local con la coadyuvancia del gobierno federal, ambas modalidades de delincuencia se alimentan recíprocamente, pero tienen lógica diferente, si las cosas no están peor es debido a la derrama de los programas sociales federales y las remesas, pero la perspectiva inmediata es de agravamiento y todavía no se advierte un signo elemental de conciencia autocrítica.

El gobernador que emerja de las urnas el año próximo tendrá que afrontar los riesgos de la depuración, no solo de cuerpos policiacos, sino de integrantes de la administración pública señalados por sus nexos con cárteles. Asimismo, se hace indispensable conocer monto y destino del dinero público gastado para la seguridad y la utilidad para el objetivo de cada peso gastado en patrullas y chalecos anti balas, video cámaras, armamento y capacitación; será la oportunidad de conocer las causas por las cuales hoy los municipios tienen menos policías que cuando inició el “efecto cucaracha”, pero el reto mayor consistirá en la vinculación con los gobernados a partir de la confianza para hacer de la participación social el factor de victoria sobre la delincuencia y la garantía de que el combate a la inseguridad no favorezca la involución autoritaria.

El continuismo es suicidio colectivo

El liderazgo del gobernador en el combate a la inseguridad no es suficiente, pero sí indispensable. El tiempo transcurrido muestra lo equivocado de delegar en subordinados la responsabilidad conductora de la respuesta a la delincuencia. El impunidad siembra el desaliento, es hora de cambiar rumbo.

Nos encontramos el jueves en El Recreo




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