
José Luis Medina Lizalde.
En 2021 el presidente López Obrador promovió la cancelación del fuero del presidente de la república, pero no logró cancelar la del resto de la clase política (legisladores y gobernadores).
Hay que aprender las lecciones que deja el caso de Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, ex presidente del municipio de Apulco capturado la semana pasada quizá porque su conocida torpeza exhibicionista le impidió ponerse a salvo y aprovechar de por vida la “ayudadota” que le brindó el fuero que detentó como alcalde, hasta que la legislatura se lo retiró mientras el aseguraba su huida, en el pasado octubre.
Las entidades federativas que en los últimos años han cancelado los fueros locales en sus respectivas constituciones, unas totalmente y otros con excepciones, son las siguientes: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas (parcial), Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Morelos (parcial), Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Veracruz (parcial) y Yucatán.
En 2021 el presidente López Obrador promovió la cancelación del fuero del presidente de la república, pero no logró cancelar la del resto de la clase política (legisladores y gobernadores).
En agudo contraste, Zacatecas mantiene el fuero no solo para una amplia gama de servidores públicos, quizá la más extensa, en dónde están incluidos los presidentes municipales, gracias a lo cual el ex alcalde de Guadalupe Julio César Chávez tuvo las condiciones que le han permitido eludir la justicia que lo acusa, al igual que a su esposa, del asesinato del abogado Raúl Calderón.
La reforma al artículo 21 constitucional y sus derivaciones reglamentarias le ha dado más poder al estado mexicano para enfrentar el delito, sin embargo, nuestra entidad federativa no ha sido capaz de adecuar su marco jurídico en la misma dirección más cuando es obligatorio, mucho menos ha sabido analizar las contribuciones legislativas de entidades que permiten eficacia contra la corrupción y la delincuencia.
Si en el campo federal hay enconada resistencia a eliminar el fuero a pesar de la evidencia de que es usado para no someterse a la ley por Alito Moreno, líder del PRI, Jorge Romero, del PAN, Ricardo Anaya y otros que cómo García Cabeza de Vaca pudieron refugiarse en el extranjero.
El fuero, en ciertas circunstancias es más importante para evadir la justicia que tener poder económico y político, Raúl Salinas de Gortari purgó diez años en prisión por el mismo delito por el que se buscó sin éxito al diputado federal Manuel Muñoz Rocha (caso Ruiz Massieu).
El que revise los periódicos zacatecanos de los últimos 25 años podrá encontrar denuncias de hechos susceptibles de calificar como delitos a cargo de miembros del servicio público del orden estatal y municipal, de legisladores cuando están en ejercicio, abundan también imputaciones a ex gobernantes estatales y municipales, ex legisladores y demás.
En varias legislaturas se han presentado iniciativas de ley para eliminar los fueros locales, algunas para cancelarlos en su totalidad y otras contemplando algunas excepciones, pero el grupo gobernante en turno no le da el visto bueno y el intento se va al archivo de buenas intenciones a pesar de la generalizada percepción de impunidad en el servicio público.
Hay la intuición colectiva que las bandas delictivas que padecemos desde hace décadas cuentan con la protección de servidores públicos anidados en ámbitos estatal y municipal, se conocen abundantes relatos de extorsionados que acuden a pagar lo exigido a instancias municipales, de frustrante negligencia investigativa de la que son testigos familiares de víctimas, pero usted se preguntará ¿qué tiene que ver la actuación de funcionarios menores de ayuntamientos y de elementos policiacos y agentes de investigación, si los mismos carecen de fuero?
Cierto que carecen de fuero los agentes y empleados de bajo rango reclutados por bandas criminales pero todos, sin excepción están bajo las órdenes y la supervisión de servidores públicos que si tienen inmunidad procesal mientras la legislatura no los prive de fuero, es el caso de fiscales, presidentes municipales y miembros del gabinete responsables de seguridad pública.
Algo que se esgrime contra le eliminación total del fuero es la deshonesta utilización de la denuncia penal en contra de enemigos políticos en la que incurren partidos políticos y “asociaciones civiles” (de usos múltiples) guiados por fines propagandísticos, hay quienes consideran que esa práctica se estimula si no se encuentra la fórmula para desalentar estas acciones que además, consumen valioso tiempo institucional en perjuicio de la justicia.
A favor de la supresión de fueros podemos considerar el progreso de la cultura ciudadana promedio que eleva la exigencia social informada a niveles nunca antes experimentados, los intensos debates sobre las reformas constitucionales ya no permanecen encerrados en los recintos legislativos, las nociones de Federalismo y de División de Poderes son conceptos básicos asimilados lo suficiente como para dejar en el pasado la idea de que vivimos en el país de un solo hombre (o mujer) para siempre.
Nos encontramos el jueves en Recreo