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La judicialización de todos tan temida

La judicialización de todos tan temida

J. Luis Medina Lizalde

   |  25 marzo, 2021

José Luis Medina Lizalde

José Luis Medina Lizalde.

Los litigios electorales son normales en todos los países del mundo con un grado importante de democracia, excepcionalmente alcanzan una gran proporción, como sucede en estos momentos en México: en el caso de Zacatecas no fue necesario ser adivino para anticipar que esa sería la característica dominante, la incertidumbre natural no se disipará pronto.

El candidato a gobernador de “D21” aún no supera los litigios derivados de su nominación cuando aparece el que lo señala por actos anticipados de campaña esta vez procedente de los opositores que conforman la coalición rival; la candidata panista a gobernar Chihuahua enfrenta la denuncia penal correspondiente; Salgado Macedonio parece conjurar el riesgo protegido por el fuero correspondiente a su condición de senador.

La judicialización de la política es la tónica del momento que vivimos. Los círculos empresariales opuestos a la política del presidente López Obrador recurren al amparo para torpedear proyectos de gran envergadura como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles o la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la política fiscal del presidente es enfrentada mediante costosos despachos de abogados para no pagar deudas fiscales.

La judicialización de la política en Brasil registra un vuelco al desentrañarse la trama urdida para inhabilitar electoralmente al legendario líder Izquierdista Lula al acreditar la notoria parcialidad del juez, Sergio Moro, orquestador de la trama jurisdiccional. La judicialización impidió que Richard Nixon ejerciera su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos por ordenar espiar al partido rival y la judicialización fue la estrategia enderezada contra López Obrador para sacarlo del camino retirándole el fuero con el pretexto de otro camino para acceder a un hospital.

La judicialización impidió que disfrutaran la victoria en las urnas Andrés Bermúdez cuando ganó la presidencia de Jerez, antes le pasó lo mismo a Javier Macías Rosales cuando ya había sido declarado diputado local electo y más recientemente, el mismo descalabro sufrió la ahora senadora Soledad Luévano cuando ganó las elecciones municipales en la capital Zacatecana.

La judicialización es infinitamente preferible a otros modos de defender los mismos intereses, es más civilizado que las élites económicas patrocinen amparo  tras amparo en contra de cada obra del presidente López Obrador con la intención de hacerlo fracasar, a que se comporten como la élite Boliviana que patrocinó un golpe de estado contra el gobierno de Evo Morales, inclusive es menos malo que a Lula lo mantuvieran preso injustamente a que le dieran el mismo tratamiento que la oligarquía chilena le brindó a Salvador Allende.

La legalidad, vía que construye

La judicialización en Morena registra un espectacular ascenso derivado del desparpajo jurídico con la que procede la cúpula que tiene a Mario Delgado como cara visible para prácticamente todas las candidaturas; la situación es tal que ni los propios favorecidos con los cuestionados métodos están a salvo de vivir lo que antes experimentaron El Rey del Tomate, Javier Macías o Soledad Luévano, los tribunales no tendrán descanso y sus fallos pesarán para que la democracia se afiance o debilite.

La judicialización exacerbada es síntoma de conducción partidista fallida, los tribunales no admiten los recursos nada más porque sí, los dirigentes que la condenan son, con frecuencia, los que la ocasionaron por negligencia, falta de capacidad o intención de imponer candidatos a raja tabla, y como esto último es muy socorrido, carece de valores democráticos quien reprueba que los vulnerados en sus derechos estatutarios los que son víctimas de conductas fraudulentas de sus adversarios  se defiendan mediante la ley .

Será sano para la vida política que la judicialización de los procesos electorales se reduzca a su mínima expresión, hacerlo vuelve innecesaria la costosa burocracia especializada en el tema, para llegar a eso es necesario legislar con miras a sancionar conductas lesivas a los derechos de los militantes.

Designar candidatos es una decisión política que tiene un cauce jurídico, la valoración que conduce a la nominación es de esencia colectiva, los partidos tienen reglas y requisitos de obligatoria observancia para que la finalidad sea cumplida, cuando eso no se respeta la judicialización es la alternativa.

Cultura caciquil

La democracia es un proceso inacabado, la enseñanza que nos deja el proceso en marcha, es que no será realidad el avance pregonado si nos saltamos la etapa en la que se eligen candidatos seguiremos nutriendo la clase política de caciques y demagogos.

Es usual escuchar que fulano de tal es candidato ”porque hay un compromiso” o que “a fulano le prometieron una candidatura y no le cumplieron”, o es que “fulano de tal me pidió que apoyara a su propuesta y me conviene tenerlo de mi lado” ¿Y los estatutos? ¿Y las facultades de la militancia?

Es cultura caciquil.

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