Intolerable clasismo

La historia de menosprecio clasista a la procuración de justicia no empezó ayer en Zacatecas, precisamente siendo procurador de justicia el padre del ahora fiscal, una intensa lluvia de julio derribó techumbre y fachada de sus oficinas entonces ubicadas en la calle Juan de Tolosa, ahora la Fiscalía tiene una sede dentro del conjunto denominado Ciudad administrativa que es testimonio de lo que usted quiera, pero no de atención al capital humano encargado de una misión básica de estado.

Peritos, agentes de ministerio público, policías de investigación y en general la amplia base del personal de la ahora fiscalía general de justicia del estado tiene años de padecer condiciones laborales adversas. No recibe incremento salarial desde mediados del sexenio de Miguel Alonso, la planta vehicular es insuficiente y obsoleta, la carga de trabajo es excesiva.

El 7 del presente mes, presentaron un pliego petitorio inicialmente suscrito por poco más de 200, pero muy pronto la cifra se duplicó, el hartazgo es evidente, aunque todavía contenido. Al momento de escribir estas líneas no han recibido respuesta y el personal ha subido de tono sus reclamos.

El aparato de justicia nunca ha sido prioridad no solo en el área a la que nos referimos, no son lejanas las épocas en las que los agentes policíacos preventivos tenían que pagar el parque de sus armas y alguna vez los agentes de tránsito sus uniformes reglamentarios.

El aparato de justicia, en gran parte, procesa dramas de pobres, las deficiencias recaen por lo general, en los sectores humildes, los pudientes que se relacionan con ese mundo generalmente lo hacen en calidad de ofendidos y cuando concurren como sujetos imputables reciben trato diferenciado.

No ha sido suficiente dotar de autonomía a las fiscalías del país para mejorar el desempeño del estado en la persecución del delito, los fiscales que no se subordinan al gobernante presente se dedican a cubrir las espaldas del grupo gobernante que en el pasado lo colocó en el puesto. Hay excepciones, aunque abundan casos de ineficiencia programada por razones políticas que desembocan en impunidad (estafa legislativa, para no citar otros casos).

Causa justa

El reclamo de los trabajadores de la fiscalía es legítimo, es un paso adelante que unan sus voces y programen actos colectivos para promover su justa causa, que bueno que salga a la luz la realidad en que viven porque sus circunstancian impactan en la población, pero creo que tanto ellos como el gobierno en general deben asumir que una procuración de justicia a la altura del anhelo social reclama la reorganización total del aparato.

Es inmoral regatear su justa demanda de incremento salarial y de reordenamiento de la tabla de ingresos para desterrar todo signo de nepotismo e influyentismo, elevar la calidad de los mandos para erradicar cualquier forma de acoso y respaldar con viáticos a los que cotidianamente se desplazan a otro centro de población, la disposición de vehículos suficientes y seguros es también impostergable, como impostergable es el reforzamiento de áreas estratégicas con personal suficiente en número (peritos, agentes investigadores, etcétera).

Al reclamo de los trabajadores se le responde con el argumento de que no hay dinero y supongo que es cierto, la función de procurar justicia nunca ha sido prioridad presupuestal por clasismo inercial, es hora de que la visión cambie.

Cambiar la visión

El gobierno tiene que descobijar a unos para cobijar a otros, no tiene maquinita para hacer dinero. El sistema de salud en México, con todas sus venturas y desventuras, es impensable sin los egresados de las escuelas de medicina que pasan un año como internos y otro cumpliendo servicio social en unidades hospitalarias públicas. Son sometidos a extenuantes rutinas de trabajo a cambio de un pago más que modesto, la parte buena es que es allí donde cuajan como médicos ¿No pudieran la fiscalía organizarse para integrar a estudiantes de derecho, de psicología y en general de todas las áreas periciales que requiera la procuración de justicia?

El vehículo es herramienta de trabajo para buena parte de los servidores públicos de los tres poderes y órganos autónomos, pero para algunos es un injustificado privilegio ¿No es hora de poner orden a tanto vaquetón que además de tener ingresos de los más altos cuenta con auto y vales de gasolina para ejercer una función sedentaria?

Las acciones de inconformidad del personal de la Fiscalía llegan a tiempo para que los que elaboran y aprueban el presupuesto anual no los sigan menospreciando, han sido muchos años de desperdicio de dinero público en admisibles privilegios. Los diputados no tienen cara de hablar ni de vender caro su amor, por tantas historias de escándalo por excesos en viáticos y por facturas falsas.

Codiciosos entre codiciosos.

Nos encontramos el lunes en Recreo

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