El robo tiene permiso

José Luis Medina Lizalde.
José Luis Medina Lizalde.

La impunidad es una política pública que no se proclama debido a su naturaleza inconfesable, se realiza mediante omisión y silencio, en ella participan los que han normalizado la conducta de “no meterse en problemas”.

Los pilares de la precaria estabilidad zacatecana son externos a la clase política local, las remesas, los empleos públicos y los programas sociales federales son los asideros, principalmente la pensión de adultos mayores, pensión para discapacitados y jóvenes construyendo el futuro.

Los procesos impulsores de futuro son el de la sostenida expansión de acceso al internet, el acercamiento de servicios bancarios en las distintas regiones, los cuarteles de la Guardia Nacional en sitios estratégicos del enorme territorio estatal, que se traducen en anillos de seguridad antes impensables y las universidades de bienestar constituyen esfuerzos de efecto duradero.

Pero lo federal es complemento de lo local y es allí dónde estamos muy trabados.

¿Por qué un gobierno panista como el de Yucatán mantiene una relación muy provechosa con el gobierno de López Obrador y el gobierno de Zacatecas, con todo y la buena relación personal del gobernador con el presidente además de la afinidad partidista no se logra lo mismo?

No soy de los que se explican la realidad por las culpas en vez de las causas, ni de los que encarnan en personas lo bueno y lo malo de los procesos colectivos, pienso que el origen de nuestros males es el agotamiento de las estructuras locales. Mi convicción es que tenemos muchos años sin respuesta a la corrupción evidenciada y a la que permanece oculta, es la impunidad nuestro mal de males.

La impunidad es una política pública que no se proclama debido a su naturaleza inconfesable, se realiza mediante omisión y silencio, en ella participan los que han normalizado la conducta de “no meterse en problemas”.

El miedo a actuar

A nadie debe sorprender que integrantes de la actual legislatura zacatecana sigan utilizando empresas falsas al puro estilo de la estafa legislativa, tampoco es de extrañar que la Auditoría Superior de la Federación observe el descomunal gasto en gasolina de un diputado que llena el tanque de su auto tres veces al día, tampoco debe sorprendernos que en el sector salud siga la costumbre de ocultar medicamentos según denuncian médicos y enfermeras.

Cuando la situación de corrupción es tan evidente y extendida cabe preguntarse sobre el papel que juegan las autoridades en la atmósfera de impunidad reinante.

¿Tiene responsabilidad política el gobernador en la situación de la corrupción evidenciada hasta el cansancio en la legislatura? Creo que sí.

¿Los legisladores tienen responsabilidad en el tema del ocultamiento inexplicado de medicamentos recientemente denunciado?  Creo que sí.

¿Las actuaciones judiciales que han favorecido a peligrosos delincuentes no son responsabilidad de diputados y gobernadores? Creo que sí.

 

El año sabático otorgado a Ciro Murayama a dos meses de reintegrarse a sus labores docentes en la UNAM después de nueve años de ausencia es caso de obvia corrupción, merece una investigación que sancione a los que incurrieron en flagrante violación al estatuto de la máxima institución educativa del país pero todos damos por hecho de que eso no sucederá y que quien demande investigación y sanciones conforma a las normas se arriesga a ser etiquetado como violador de la autonomía universitaria.

Durante muchos años las instituciones públicas estuvieron lejos de la evaluación pública, el control de la información favoreció que la impunidad se volviera algo normal y en estos momentos, cada vez que se ventilan conductas ilícitas aparecen las voces defendiendo la persistencia de la pudrición.

Durante mucho tiempo, los jefes de la iglesia creyeron que la manera de proteger su institución era imponiendo silencio sobre los hechos de su conocimiento, particularmente con la pederastia, a la luz de la experiencia vale preguntarse. Hoy pagan el costo.

Impunidad aclimatada

El progreso de la estadística muestra como los estados no marchan al mismo ritmo en ningún rubro, que en materia de seguridad unos avanzan más que otros, que en el renglón educativo hay grandes diferencias, no se diga en economía, donde los contrastes entre regiones saltan a la vista, lo mismo sucede en la lucha contra la impunidad.

No encontramos la fórmula para que los órganos de control interno de cada dependencia, de cada municipio sirvan para lo que fueron creados, la mayor parte de los mismos son burócratas imposibilitados para ejercer las atribuciones que les confiere la ley, temen ser despedidos.

La Auditoría Superior del Estado nada de muertito sin grandes dificultades, la Fiscalía parece estar pintada en los casos políticamente espinosos.

No vemos a algún partido político tomar medidas cuando alguno de sus diputados es señalado de participar en hechos de corrupción.

El presidente puede ser del PRI, del PAN o de Morena y nada cambiará si no entendemos que nadie hará la tarea que a lo local corresponde.

A La hora de renovar ayuntamientos y legislatura, votemos pensando.

Nos encontramos el lunes en Recreo

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