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El daño del omiso

El daño del omiso

J. Luis Medina Lizalde

   |  11 febrero, 2021

José Luis Medina Lizalde

José Luis Medina Lizalde.

El asesinato de la joven doctora Mariana Sánchez Dávalos en Chiapas, generó la remoción de sus respectivos cargos de la directora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chiapas y de una subsecretaria de la Secretaría de Salud en la entidad. Se conoció el peregrinar de la jovencita por instancias que ignoraron su pedido de auxilio contra su primer acosador, y después violador y asesino; la ignoraron.

Gustavo Tarín, militar de bajo rango tuvo la mala suerte de ser cercano al general Francisco Quiroz Hermosillo cuando desde la base aérea militar de Pie de la Cuesta, Guerrero, se puso en operación una forma de desparecer personas que anulaba toda posibilidad de rastreo; lanzar al mar desde aeronaves militares cadáveres encostalados, otras veces a personas vivas atadas de pies y manos.

El joven militar no pudo con su conciencia y sabedor de lo que le ocurriría si abría la boca sin las precauciones del caso, solicitó y obtuvo asilo en Canadá desde donde dio a conocer a la opinión pública internacional la cruel represión bajo el régimen de Luis Echeverría.

La conducta omisa tiene múltiples formas y móviles; algunas son fruto de descuido, otras se originan en el temor a represalias, las hay por espíritu comodino. Algunas omisiones son castigables legalmente, otras solo generan reprobación social.

La crítica mediática, la acción judicial y las correcciones administrativas suelen concentrarse en la acción sin atender la omisión, por eso las respuestas institucionales sancionadoras de conductas omisas, como las que separaron de sus respectivos cargos a la exdirectora de la facultad de Medicina y la funcionaria se Salud en el estado de Chiapas, deben generalizarse.

¿Cuántos como el militar Gustavo Tarín han tenido conocimiento de abusos de la gravedad de los que denunció? Imaginemos un momento que los abogados litigantes, empleados judiciales, policías en activo y demás relacionados con fabricación de delitos mediante tortura fueran de la cultura de no guardar silencio cada vez que tienen conocimiento de hechos de esa naturaleza. Sin duda, la tortura dejaría de ser una práctica clandestina que hace de la justicia mexicana un infierno para la población pobre, principalmente.

La cultura del descaro

La corrupción en la vida pública hace mucho tiempo que dejó de ser sigilosa, la impunidad permitió que la omisión se asumiera como válida, como fórmula para no meterse en problemas en lo individual, a sabiendas de lo perjudicial para el interés general. Quien conozca la vida del Congreso local de las últimas décadas está familiarizado con un sinfín de historias de abusos que van desde la venta que han hecho algunos diputados de votos, especialmente necesarios para alguien que prefiere comprar indignos que argumentar, de basificaciones como resultado de la influencia de un legislador con poder necesario para asegurar chamba a familiares e incondicionales.

Nunca ha sido sigilosa la desviación de recursos públicos a dueños y directivos de medios de comunicación para la promoción personal disfrazada de información, muy a pesar de que la Constitución General de la Republica lo prohíbe expresamente. Otro gallo nos cantara si cada directivo o periodista que recibe el condicionamiento de su línea editorial le dijera al comprador de reputación ficticia que su condición no es de cliente, sino de funcionario público, y que a diferencia del primero, el dinero que destina a los medios tiene reglas y finalidades distintas a la del comprador privado de publicidad.

Muchos que prestan sus servicios en el ámbito privado de un funcionario público cobran en la nómina oficial sus servicios; de jardinero, lava trastes, tractorista o cuidador de caballos. Dicha circunstancia solo es factible contando con la omisión deliberada de funcionarios administrativos y personal adyacente.

¿Hasta cuándo Zacatecas?

La estrategia contra la corrupción será coja si no castiga con idéntico celo la acción y la omisión en la vida institucional. El ocultamiento de hechos susceptibles de combatirse legalmente es causa frecuente de que la prescripción de faltas y delitos queden impunes. En el combate a la impunidad hay estados que han sido más aplicados que otros, logrando con ello mejor funcionalidad y por ende, más eficacia en la atención a las necesidades de sus pueblos, existen otras entidades como es el caso de Zacatecas, en que notorios hechos de corrupción quedan sin investigación y por lo tanto, sin el castigo legal a los que accionaron y a los que omitieron y frecuentemente, sin que los omisos sean removidos de sus encargos, como sucede en Chiapas con relación al feminicidio de Mariana.

Historias de podredumbre como las del Issstezac y la UAZ, en lo referente a la Estafa Maestra, son representativas de lo que no hay que hacer.

¿Cuál será el cauce del inocultable hartazgo?

El feminicidio de Mariana causó la remoción de dos funcionarias que ignoraron su petición de ayuda.| Foto: Cortesía.

Nos vemos el jueves en El Recreo.

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