Discutamos informadamente

José Luis Medina Lizalde.
José Luis Medina Lizalde.

En los tiempos que corren, los mexicanos podemos aspirar a que pesen tanto los conocimientos especializados como el prestigio social conseguido mediante la conducta recta.

El Presidente de la República somete a la consideración del poder legislativo un paquete de reformas que abarcan una variada temática entre la que sobresale la que reforma al poder judicial.

Una virtud de la propuesta es que no se presenta como del exclusivo interés de los especialistas, sino que aspira a involucrar a los mexicanos todos, pues las leyes e instituciones que se someten a discusión regulan la vida de todos, algo que durante el siglo XIX era tan sabido que el poder judicial emergía de las votaciones ciudadanas del mismo modo que el poder legislativo y el ejecutivo.

Posterior a eso, los ministros de la SCJN fueron electos por la mayoría simple de las legislaturas locales y finalmente, recayó en el senado la facultad de designación de ministros en base a ternas emanadas del poder ejecutivo, con la reforma se promueve que del voto ciudadano nuevamente emanen jueces, magistrados y ministros.

Se ha manifestado el temor a que los cargos judiciales sean cargos partidistas y que la popularidad sea el factor que lleve a “famosos futbolistas a convertirse en juzgadores”, dijo alguien por allí.

Comparto absolutamente el rechazo a toda posibilidad de que se entregue a los partidos la facultad de postular candidatos a cargos judiciales y creo que debe prohibirse expresamente la injerencia de los mismos.

En cuanto a la posibilidad de que a la condición de juzgadores accedan personas sin la formación jurídica correspondiente no existe nada que nos induzca a suponer que entre los requisitos para aspirar a una candidatura judicial no estará contemplado el de ser licenciado en derecho, pero vale la pena hacer historia para apreciar como en los quinientos años de existencia de nuestro México, la especialización en la función judicial no era la norma.

El eminente historiador zacatecano José Enciso Contreras es autor de un libro que recién presentó el poder judicial (hasta hace unos días presidido por Arturo Nahle) denominado Diccionario biográfico de la justicia en Zacatecas (Siglo XIV-Siglo XXI) en dónde con el magistral estilo del autor nos acercamos al rostro humano de los que han cumplido la encomienda de decir quién y de qué es culpable y a que castigo legal se hace merecedor, hubo quienes impusieron pena de muerte, largos años en prisión y multas de diversos montos.

Los jueces, simples mortales

Lo singular es que durante más de trecientos años no había letrados y se llegó a bien entrado el siglo veinte sin que se dispusiera del número suficiente, por lo que en la historia hemos tenido más jueces cuya actividad es el comercio, la ganadería o la industria que los que recibieron preparación jurídica previa, por lo que la designación obedecía al prestigio social y a la rectitud acreditada como elementos de valoración de la autoridad facultada pare dichos nombramientos.

En los tiempos que corren, los mexicanos podemos aspirar a que pesen tanto los conocimientos especializados como el prestigio social conseguido mediante la conducta recta.

El debate detonado por la propuesta de elegir cargos judiciales nos acerca a un momento en que hay una mayoría compartiendo del diagnóstico sin que se vislumbre lo mismo en cuanto a las soluciones posibles, el hecho de que sean cada vez más los que sostienen que el poder judicial requiere reformarse a fondo es formidable paso adelante.

Defienden su botín

Hay casos muy representativos de corrupción judicial que han despertado la conciencia generalizada de que urge reformar ese poder, los amparos otorgados para sabotear la economía nacional, la suspensión de la distribución de libros de texto gratuito, la anulación de leyes para favorecer intereses particulares, la protección a los grandes evasores fiscales son ejemplos contundentes de que el poder judicial mexicano se convirtió en aliado de la oposición al régimen como sucede en diversos países latinoamericanos (Milei nunca hubiese ganado si el poder judicial argentino no inhabilita a Cristina Kichner, en Guatemala el poder judicial anula el reconocimiento al partido del presidente Arévalo y en Colombia está en marcha un golpe judicial contra el presidente Gustavo Petro).

En México, el incentivo que alinea al poder judicial es el cúmulo de privilegios abusivos que detenta su élite voraz e insensible.

Nadie se hace ilusiones de que una reforma judicial será aprobada este año, pero en la medida que la discusión democrática e informada se abra paso los mexicanos ejerceremos el derecho de reformar al poder judicial desde la voluntad popular, en contraste con el modo como Ernesto Zedillo procedió a cambiar la SCJN para que no la regenteara su ya entonces enemigo jurado Carlos Salinas de Gortari.

El hecho de que la reforma judicial no sea asunto de “iluminados” sino de los simples mortales, es un formidable avance democrático.

Nos encontramos el jueves en Recreo

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