Autonomías instrumentables

José Luis Medina Lizalde.
José Luis Medina Lizalde.

La batalla contra la corrupción en los estados tiene muchos rezagos.

Algunos órganos autónomos están al servicio del equipo gobernante que los puso, es el caso de varias fiscalías y auditorías.

La aprehensión y vinculación a proceso de Uriel Carmona, fiscal del estado de Morelos, es lección viviente de que la búsqueda de autonomía por la vía de períodos transexenales genera consecuencias contrarias a las buscadas.

El fiscal en cuestión era notario público cuando fue escogido para fiscal por 9 años por el gobernador Graco Ramírez en las postrimerías de su sexenio.

Su sucesor, el famoso futbolista Cuauhtémoc Blanco, no ha podido cumplir su compromiso de castigar los delitos de la administración de su antecesor a pesar de los constantes escándalos de corruptelas.

La protección es de tal magnitud, existen 60 carpetas de investigación remitidas al archivo, cita además como desvía las investigaciones del asesinato del activista Samir Flores, cuando el fiscal de marrar atribuye el crimen a un individuo que al momento de ocurrir tenía más de un año preso.

Otro episodio que lo pinta de cuerpo entero es el encubrimiento de la agresión sexual a una niña de 4 años por su propio padre Marcelino Soto Camacho, ex subprocurador que según lo apunta el reportaje en cuestión pagó una suma de dinero.

La SCJN resolvió que el fiscal tiene fuero, lo que lo puso a salvo en ese momento de 14 carpetas de investigación por delitos federales, pero tal como lo hizo notar la Secretaria de Gobernación María Luisa Alcalde, la resolución de la corte solo es válida tratándose de delitos federales y el que genero su aprehensión es del fuero común, por tratarse de delito contra la justicia en el caso de un feminicidio ocurrido en el pasado noviembre, dónde una joven asesinada en un departamento en la Ciudad de México fue arrojada en una carretera en territorio del estado de Morelos dónde desde el principio los elementos de la fiscalía buscaron que los dos agentes municipales – que fueron los primeros en atender el macabro hallazgo- “arreglaran” el informe.

Salió peor

Para dotar de autonomía a órganos de estado se pensó en que el poder legislativo titulares de los mismos escoja dentro de las opciones propuestas por el ejecutivo, lo que degenera en oportunidad de negociaciones turbias entre cúpulas partidistas o parlamentarias y con frecuencia, en la compraventa de votos legislativos.

Para reforzar la “autonomía” de los órganos se pensó que los titulares de los mismos no fueran designados en sincronía con los períodos gubernamentales, el efecto no buscado permite a los gobernantes salientes impulsar personalidades afines con los que comparten intereses de diversa índole, de ese modo, un equipo de gobierno termina sus funciones con la tranquilidad que le da el hecho de que algunos de los suyos se quedan en puestos estratégicos para cubrir espaldas.

La labor de encubrimiento se facilita porque la atención pública es inducida a vigilar que los órganos sean autónomos respecto al gobernante en turno y no respecto a los que han dejado de serlo.

La batalla contra la corrupción en los estados tiene muchos rezagos.

Suele soslayarse que las fiscalías, como los juzgadores, están siempre asechadas por poderosos intereses económicos y políticos gestionando impunidad.

El gobernador de Nuevo León sostiene abiertamente que el fiscal de Nuevo León cumple la misma función de guarda espaldas de la administración anterior que el fiscal de Morelos, en no pocos estados, la queja es la misma.

No hay pensamiento único entre los doctrinarios del derecho, tenemos esperanza en que los abogados contemporáneos se aparten de los dogmas conservadores que hoy predominan en la enseñanza del derecho y sean capaces de generar la renovación del orden constitucional mexicano.

Inercia catastrófica

En Zacatecas predomina la inercia de “borrón y cuenta nueva” que solo simula combatir la corrupción desde hace décadas. Las historias de nepotismo, de asignación corrupta de contratos y de desviación de recursos públicos se reducen a escándalos mediáticos, como hasta ahora son (ISSSTEZAC, estafa legislativa y fraude en la construcción de juzgados).

Cada estado de la república es diferente, hay algunos que han avanzado, siendo la Ciudad de México dónde los avances contra la impunidad es más notable.

Su reflejo en el abatimiento de la inseguridad es contundente.

Otros, como Zacatecas, dan la impresión que ni siquiera hay esfuerzos iniciales.

Por vía de la legislatura tenemos al Titular de la Auditoría Superior del estado que Miguel Alonso juzgó conveniente después de que fungiera como contador de la campaña al senado de su delfín Alejandro Tello.

Este último, una vez que se convierte en gobernador muestra su satisfacción y respalda la reelección del contador Brito por 7 años más.

La impunidad crónica aconseja cambiar el actual esquema de órganos autónomos sin sacrificar la verdadera autonomía.

Nos encontramos el jueves en Recreo

@luismedinalizalde-luismedinalizalde-gmail.com




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