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Alcahuetismo político

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José Luis Medina Lizalde
José Luis Medina Lizalde.

Cuando una pelota rompe el vidrio del vecino, los buenos padres acostumbran obligar al hijo travieso a disculparse al mismo tiempo de pagar el daño para después descontarlo y dejar sin domingo al desafortunado futbolista hasta que cubra el monto, si en la política los dirigentes partidistas asumieran un comportamiento parecido, seguramente no padeceríamos tanto desapego por los valores en la actividad política.

La investigación por delitos electorales a dos fuertes candidatos al gobierno de Nuevo León produjo la inmediata respuesta de sus compañeros de partido acusando a la fiscalía de persecución política, sin conocer siquiera los hechos que sustentan el procedimiento. Adrián De la Garza, del PRI, exprocurador de Nuevo León, es señalado por repartir tarjetas para recibir, en caso de ganar, mil quinientos pesos bimestrales, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, deberá responde por el origen de sus recursos. Ambos políticos reciben el respaldo activo de sus aliados como lo hace el gobernador Cabeza de Vaca en vías de comparecer ante la justicia federal.

Sus adversarios pisotean el principio de presunción de inocencia y los asumen culpables, sus partidarios dan por sentado que su defendido es inocente y hablan de que es persecución del Presidente, como lo hace Dante Delgado, omitiendo el detalle que su defendido, Samuel García, es el acusador del otro “perseguido” y que a su candidato lo denunció el PVEM.

Como es lógico, la actuación de la Fiscalía generó denuncias de conductas similares, el diario Reforma da a conocer ayer que candidatos de diversos partidos incurren en la misma práctica, sobresaliendo el caso de Carlos Lomelí en Guadalajara y de Clara Luz Flores, candidata al gobierno de Nuevo León, así como de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí.

La fiscalía está ante la oportunidad de oro de acabar con el juego en el que cada bando político defiende a su delincuente, aplicando la ley a todos los que delinquen electoralmente, mediante investigaciones exhaustivas, imparciales y apegadas a derecho, lo que marcaría una etapa.

MANO DURA E IMPARCIAL

Unos años en prisión de los delincuentes electorales tendrían un efecto disuasivo contundente, sobre todo si son peces gordos de diferentes partidos los que reciben el castigo.

De otro modo, no existe capacidad del Estado mexicano para contener la cíclica oleada delictiva electoral.  El Fiscal de Delitos Electorales, Agustín Ortiz Pincheti declara que un elevado porcentaje de denuncias son falsas, a lo que agregamos que otro elevado porcentaje de delitos no se investigan porque no se denuncian o porque las autoridades son rebasadas.

Un cambio en la ley no es un cambio en la realidad en forma automática. La verdad es que la coacción del voto y la compra de voluntades, la desviación de recursos públicos y el dinero procedente de cárteles son una realidad que no desparece de la noche a la mañana, la mentalidad reinante cambia lentamente.

Si las cúpulas partidistas aprenden de los buenos padres que en vez de ser alcahuetes, inculcan a sus hijos la actitud de hacerse responsables de sus propios actos, y solo se concretan a vigilar que los órganos de Estado que investigan y castigan delitos electorales hagan su trabajo con pulcritud legal, cambiará en mucho el comportamiento de políticos a la hora de buscar el cargo y a la hora de ejercerlo.

Hasta ahora, la pandemia ha sido el freno más eficaz del derroche financiado con dinero público, pero la coacción del voto en estados y municipios es fácilmente detectable, la compra de voluntades con promesas de contratos y con dádivas sigue siendo la forma de hacer política de los que disponen de dinero, a eso debemos añadir la facilidad con la que se “cuelan” a las candidaturas personas con punibles desempeños en anteriores cargos  todo lo cual da como resultado el desprestigio de la política y el consecuente alejamiento de los mexicanos de los asuntos públicos, alejamiento bien aprovechado por los heraldos de la corrupción.

LO INTERNO, TERRITORIO SIN LEY

Las reformas electorales se han ocupado de la competencia entre partidos y no de lo que sucede al interior de cada uno de ellos. La venta de candidaturas que data desde los tiempos del partido “prácticamente único”, se reproduce con toda impunidad hoy en día gracias a que las cúpulas no pagan las consecuencias de atropellar los derechos que las normas internas otorgan a sus militantes.

Ojalá que la fiscalía electoral deje de ser el florero que desde su creación ha sido, que termine el juego en el que cada quien defiende sus delincuentes y que los mexicanos respaldemos que se aplique la ley sin distingos partidistas ni concesiones a los influyentes.

La compra de voluntades y la coacción del voto engendran bandidos en cargos públicos ¿Lo nota?

Nos encontramos el lunes en Recreo

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