

Ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz | Foto. Cortesía
Tras críticas por falta de austeridad, el Pleno anuncia que devolverá las unidades de 2.4 mdp o las reasignará a jueces en zonas de riesgo.
CIUDAD DE MÉXICO.- En un movimiento que busca frenar una crisis de imagen institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que sus nueve integrantes no utilizarán las camionetas blindadas de reciente adquisición. La decisión ocurre tras una ola de críticas que cuestionaban la coherencia del máximo tribunal —el primero electo por voto popular— con los principios de austeridad republicana.
A través de un comunicado oficial, el Pleno informó que las unidades, valoradas en aproximadamente $2.4 millones de pesos cada una, no formarán parte del parque vehicular de los ministros.
“Se solicitará el proceso para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos”, informó la Corte, priorizando la seguridad de jueces en zonas críticas por encima de la cúpula judicial.
La controversia inició tras la compra de nueve unidades Jeep Grand Cherokee con blindaje de alto nivel. Aunque el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, justificó la compra debido al “deterioro severo” y fallas mecánicas del parque vehicular heredado, el argumento no fue suficiente para aplacar la indignación pública.
Puntos clave del conflicto:
Haber de retiro: De los 43 vehículos blindados existentes, 4 fueron adquiridos por ministros salientes a precios preferenciales, dejando solo 39 para la nueva integración.
El costo: La inversión por las 9 unidades nuevas ascendió a casi $21.6 millones de pesos.
La postura oficial: Aguilar Ortiz enfatizó que “la seguridad no implica lujo” y admitió que no existen amenazas activas contra los ministros actuales.
“Nos dejan con menos margen de vehículos en buenas condiciones. Se llevan cuatro, somos nueve”.
Uno de los argumentos para justificar la adquisición de camionetas, de lujo con alto blindaje y sin pagar tenencia en la CDMX, fue que los ministros de la anterior Corte se llevaron… pic.twitter.com/XDip2aU12c
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 26, 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión de dar marcha atrás, destacando que el cambio de modelo de arrendamiento a compra generará un ahorro proyectado de $1,000 millones de pesos para el periodo 2026-2028 en todo el Poder Judicial.
En la acera opuesta, el senador Gerardo Fernández Noroña criticó el retroceso, calificándolo de “torpeza inconmensurable” debido a la depreciación inmediata que sufrirán los vehículos al intentar devolverlos, lo que podría representar una pérdida neta para el erario.
Este episodio marca el primer gran desafío de relaciones públicas para la SCJN instalada el 1 de septiembre de 2025. Al ceder ante la opinión pública, el tribunal intenta reafirmar su legitimidad ante un electorado que vigila de cerca el uso de los recursos públicos.