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Foto: Cortesía.
La presidenta instruyó a la Secretaría de Salud revisar las afectaciones denunciadas por habitantes de Las Choapas, mientras continúa la emergencia derivada del incidente ocurrido en un pozo de Pemex.
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Salud investigar las denuncias sobre una presunta crisis sanitaria en comunidades cercanas al pozo petrolero Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, donde habitantes aseguran que, tras el incidente registrado hace varios meses, han enfrentado problemas de salud y daños ambientales.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal señaló que solicitará un informe detallado a las autoridades sanitarias para conocer la situación en la zona y determinar si existe alguna afectación directa a la población derivada de las emisiones generadas por el pozo.
La decisión surge luego de que pobladores denunciaran la presencia de afecciones respiratorias, irritación en ojos y piel, además de daños en cultivos, ganado y fuentes de agua, situación que ha incrementado la preocupación entre las comunidades cercanas al área del siniestro.
Asimismo, Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México dará seguimiento al caso con base en información técnica y científica, con el propósito de garantizar la protección de la salud de las familias y esclarecer las condiciones ambientales en la región.
Mientras avanzan las investigaciones, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que mantiene las labores para controlar de manera definitiva el pozo Krem-1 y ejecutar las acciones necesarias para su taponamiento.
La empresa productiva del Estado aseguró que realiza monitoreos permanentes de la calidad del aire y sostuvo que, hasta ahora, los análisis indican que las concentraciones de contaminantes permanecen dentro de los límites establecidos por la normatividad vigente. Además, señaló que opera unidades médicas móviles y desarrolla obras de infraestructura y apoyo social para las comunidades cercanas.
Sin embargo, habitantes de Las Choapas insisten en que las afectaciones persisten y demandan una respuesta integral que incluya atención médica especializada, indemnizaciones por los daños sufridos y medidas para restaurar el entorno ambiental. Diversos testimonios señalan que la emergencia ha impactado la actividad agrícola y ganadera, principal fuente de ingresos de la región.
La instrucción presidencial representa un nuevo paso en la atención del caso, que ha cobrado relevancia nacional debido a las denuncias ciudadanas y al prolongado proceso para controlar el incidente. En los próximos días, las autoridades federales deberán presentar los resultados de la revisión sanitaria y definir las acciones que correspondan para atender a la población afectada.
