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Alfonso Ramírez Cuéllar | Foto: Cortesía
El legislador señala que la falta de renovación y la concentración de poder debilitan la rendición de cuentas.
MÉXICO.- El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar destacó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es una pieza central en la rendición de cuentas en México, al ser el órgano responsable de vigilar el uso de los recursos públicos federales. Sin embargo, advirtió que su actuación reciente expone riesgos y debilidades estructurales que deben atenderse: “Una Auditoría Superior renovada y más eficiente fortalecerá la confianza de los contribuyentes, lo que, a su vez, permitirá incrementar la recaudación”.
El legislador y Vicecoordinador de Morena señaló una brecha crítica entre los sectores estratégicos del país y el presupuesto que realmente se audita. Esta falta de cobertura en ámbitos de alta complejidad plantea dudas sobre la capacidad de la ASF para prevenir irregularidades y garantizar la transparencia. Ante ello, manifestó que es indispensable sancionar con rigor a quienes hagan mal uso del presupuesto federal y estatal.
Ramírez Cuéllar apuntó que el sistema vigente presenta fallas que obstaculizan una rendición de cuentas eficaz, destacando los siguientes puntos:
Déficit de participación ciudadana: El proceso para designar al titular carece de mecanismos formales que involucren a la academia o la sociedad civil, mermando su legitimidad.
Concentración de poder: Las decisiones clave (programas anuales, reglamentos y nombramientos) recaen exclusivamente en el titular. Esta falta de pluralidad técnica eleva la discrecionalidad y vulnera a la institución ante presiones externas.
Riesgo de captura por reelección: Existe un incentivo potencial a la perpetuación de intereses, lo que afecta directamente la independencia e imparcialidad del órgano.
Ausencia de reglas contra el nepotismo: El marco normativo no prohíbe explícitamente vínculos familiares entre el titular de la ASF y altos funcionarios de los tres poderes, generando severos riesgos de conflicto de interés.
En cuanto a la labor técnica, el diputado identificó una baja cobertura en sectores estratégicos como PEMEX y la Defensa Nacional, así como una escasa atención a riesgos de corrupción en obras públicas y adjudicaciones directas.
A esto se suman los plazos excesivos: los procesos de fiscalización tardan casi dos años desde el inicio del ejercicio fiscal hasta el informe general. “La Auditoría Superior opera con baja oportunidad, lo que debilita el efecto preventivo y favorece la normalización de observaciones que no detonan acciones inmediatas”, afirmó.
Finalmente, el legislador subrayó que la detección de irregularidades no servirá de nada sin sanciones efectivas. Para ejemplificar la gravedad del asunto, reveló que en 2022 solo el 4.3% de las investigaciones por corrupción llegó ante un juez, reflejando que el trabajo de la ASF no se está traduciendo en castigos reales para los responsables.
