Juez de 24 años renuncia tras equivocación que se viralizó en audiencia

Claudio Azul Bañuelos Jurado, de 24 años, se convirtió en una figura controvertida dentro del nuevo modelo de elecciones judiciales implementado en varios estados del país tras la reforma constitucional de 2024, que impulsó la designación popular de jueces en entidades como Aguascalientes. Electo en junio de 2025 como juez de Control y Juicio Oral Penal, tomó protesta en agosto de ese mismo año, convirtiéndose en el juez penal más joven de México.

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Su breve paso por el Poder Judicial estuvo marcado por un incidente ocurrido en septiembre de 2025, durante una audiencia por el delito de fraude, en la que vinculó erróneamente a proceso a la víctima en lugar del imputado. El error, registrado en video y difundido ampliamente en redes sociales, fue corregido de inmediato tras la intervención de los abogados; sin embargo, generó una ola de críticas sobre su preparación y experiencia para desempeñar un cargo de alta responsabilidad.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y acumularon miles de comentarios, en los que usuarios cuestionaron la idoneidad de jueces jóvenes electos por voto popular y reavivaron el debate sobre los criterios de selección en el nuevo modelo judicial.

Tras el escándalo, Bañuelos solicitó una licencia laboral de 29 días en noviembre de 2025. Al concluir el periodo, no se reincorporó a sus funciones y, el 18 de diciembre, presentó su renuncia irrevocable ante el Congreso del Estado de Aguascalientes, argumentando “motivos personales” que le impedían continuar en el cargo.

La dimisión fue confirmada por la magistrada presidenta del Poder Judicial estatal, María José Ocampo Vázquez, quien aseguró que la salida del juez no afecta el funcionamiento del sistema judicial, ya que la vacante será cubierta mediante la lista de reserva del Instituto Estatal Electoral.

El caso de Claudio Azul Bañuelos ha reavivado el debate nacional en torno a la reforma judicial de 2024, que amplió la elección popular de jueces —inicialmente a nivel federal— y fue adoptada posteriormente por algunos estados. Críticos sostienen que este modelo prioriza el voto y la juventud sobre la trayectoria profesional y la experiencia jurídica, lo que podría comprometer la competencia e imparcialidad judicial. Defensores, en contraste, consideran que perfiles como el suyo representan una renovación generacional necesaria en el sistema de justicia.