Iglesia rechaza iniciativa de Morena que busca regular contenidos religiosos en redes

CIUDAD DE MÉXICO.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) rechazó la iniciativa del diputado morenista Arturo Ávila que busca regular los contenidos digitales de sacerdotes, pastores, monjas y ministros de culto. La Iglesia advirtió que la propuesta representa un ataque directo a la libertad de expresión y de religión.

La reforma plantea añadir un párrafo al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para obligar a los líderes religiosos que operen medios digitales o plataformas multimedia a garantizar “el respeto a los derechos digitales, la neutralidad de la red y la prevención de discursos de odio”.

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El texto también dispone que las asociaciones religiosas se sujeten a los lineamientos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

Organizaciones civiles califican la medida como “censura disfrazada de ley”

El abogado Uriel Esqueda, representante de la organización civil Actívate.org.mx, consideró la propuesta “una forma de censura disfrazada de ley”. Advirtió que, si el Congreso la aprueba, México retrocedería décadas en materia de libertades, al imponer controles de contenido exclusivos para líderes religiosos.

“Desde el poder político se pretende etiquetar los mensajes de las iglesias como discursos de odio, cuando en realidad son mensajes de paz y apoyo espiritual”, señaló Esqueda.

Por su parte, Ramón Castro, presidente de la CEM, difundió en sus redes un mensaje de la agrupación Catolicfluencers, que alerta sobre la amenaza a la libertad religiosa que implica la iniciativa.

El documento legislativo fija plazos de 180 días para que las asociaciones religiosas que operan medios digitales a través de terceros se ajusten a la regulación, y de 90 días para que el gobierno federal emita los lineamientos correspondientes.

Según la propuesta, la regulación prohibiría el proselitismo político o la discriminación y buscaría “preservar la laicidad del Estado”. Sin embargo, la Iglesia y varias organizaciones civiles advierten que la medida podría convertirse en un instrumento de control estatal sobre el discurso religioso.