

Zaira Ivonne Villagrana Escareño.
La violencia machista, lejos de manifestarse como un hecho aislado, se entrelaza con la violencia política y social, configurando un escenario especialmente adverso y doloroso para las mujeres zacatecanas.
Zaira Ivonne Villagrana Escareño
Cada 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer trasciende lo simbólico: es un llamado urgente a reconocer la deuda histórica que el Estado mantiene con la vida, la integridad y la seguridad de las mujeres. En Zacatecas, un estado severamente afectado por la crisis de seguridad pública, esta fecha adquiere un significado aún más revelador. La violencia machista, lejos de manifestarse como un hecho aislado, se entrelaza con la violencia política y social, configurando un escenario especialmente adverso y doloroso para las mujeres zacatecanas.
Mientras las calles se llenan de declaraciones oficiales y la retórica gubernamental parece concentrarse en la lucha contra el crimen organizado, surge una pregunta indispensable: ¿en qué lugar de esta estrategia de seguridad queda la protección específica para las mujeres? La violencia feminicida no ocurre en el vacío. Se alimenta de la impunidad estructural, de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y de un sistema que, históricamente, ha minimizado incluso los niveles más críticos de la alerta de género.
Observamos con profunda preocupación que la crisis de violencia machista parece diluirse dentro de un discurso de seguridad nacional más amplio. Las mujeres no solo enfrentamos la amenaza delictiva en el espacio público; también padecemos violencia en los hogares, acoso en los centros de trabajo y un hostigamiento constante que restringe nuestra libertad y nuestra autonomía. Frente a ello, la respuesta estatal —frecuentemente fragmentada, reactiva y carente de perspectiva de género— resulta insuficiente para articular una política integral capaz de confrontar las raíces estructurales del patriarcado.
Es indispensable reconocer que, sin un enfoque de género transversal y adaptado a las nuevas realidades, cualquier estrategia de seguridad permanece incompleta. No es posible pacificar Zacatecas sin desmantelar la violencia machista. Urge que la administración estatal transforme sus compromisos discursivos en acciones concretas: fortalecer las fiscalías especializadas, garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género, impulsar programas de prevención desde la educación y, sobre todo, escuchar a las colectivas y organizaciones feministas que desde hace años han señalado con claridad las rutas críticas y necesarias para proteger la vida y la dignidad de las mujeres.
Este 25 de noviembre, nuestro posicionamiento es firme y sin titubeos: la paz en Zacatecas será feminista o no será. Porque solo una mirada que reconozca, atienda y coloque en el centro la vida, la dignidad y la seguridad de las mujeres puede transformar la realidad que hoy enfrentamos. No buscamos discursos vacíos, buscamos acciones, decisiones y resultados. Exigir que el Estado garantice una vida libre de violencia para las mujeres no constituye un acto de confrontación, sino una demanda irrenunciable. Nuestro Estado merece un rumbo distinto, uno en el que la justicia, la igualdad, la dignidad y humanidad sean base de una paz verdadera.
“La consigna permanece, tan urgente y vigente como siempre: ¡Ni una menos! Porque cada vida arrebatada es una herida para todo Zacatecas, y cada mujer que falta es un recordatorio de que no podemos detenernos hasta que la justicia sea una realidad.”