Sin seguridad pública, no hay desarrollo económico

El binomio seguridad-desarrollo económico es una de las bases para el progreso efectivo de cualquier sociedad. La relación entre ambas condiciones se manifiesta diariamente en las decisiones de inversión y apertura de negocios, en la certidumbre de ofertas de empleo atractivas y con posibilidades de permanencia y mejora significativas, así como en la calidad de vida de los ciudadanos.

La seguridad pública genera confianza, y esa confianza permite el flujo y crecimiento de la economía del entorno. Cuando las personas empresarias perciben un ambiente seguro, invierten con mayor tranquilidad y pueden generar más oportunidades laborales y de coinversión. Cuando las personas consumidoras, sobre todo turistas, perciben un ambiente seguro, su llegada y ejercicio quedan asegurados e incluso reincidentes.

Cuando los comerciantes no temen por su integridad física o patrimonial, pueden mantener sus negocios abiertos por más tiempo, y ofrecer mejores servicios. De hecho, invierten más, pueden abrir sucursales y su ejemplo atrae a inversionistas de otras latitudes, haciendo que las ciudades del entorno sean más atractivas.

Si las personas propietarias de negocios o concesiones no tienen que pagar cuotas, derechos de piso o gratificación por protección —como quiera que se llame al pago por extorsión de los delincuentes—, los rendimientos de cada pequeño negocio o concesión son más que suficientes y significativos.

Recalco: cuando las familias de una región se sienten protegidas, consumen más y participan activamente en la vida económica de su entorno.

Esta confianza se traduce en cifras concretas. Conocemos a lo contrario, y quizá hasta lo hemos visto: las zonas con altos índices de inseguridad registran menores inversiones, cierre de establecimientos comerciales y fuga de capitales hacia regiones más estables.

El costo de la inseguridad se mide no sólo en términos de gastos en seguridad privada, seguros y sistemas de protección: también en las oportunidades perdidas y el potencial económico no desarrollado.

La inseguridad pública genera un efecto dominó devastador. Inicia con el aumento de los costos operativos para las empresas, que deben destinar recursos significativos (no contemplados en la normalidad) a medidas de protección: tanto humanas como tecnológicas. Continúa con la reducción de horarios comerciales, la disminución del turismo y la reticencia de inversionistas.

A largo plazo, la inseguridad pública culmina con el empobrecimiento gradual de las comunidades, la pérdida de fuentes de empleo y, paradójicamente, el aumento de condiciones que propician más inseguridad. Las regiones aquejadas por la violencia experimentan éxodos empresariales, disminución en la recaudación fiscal y deterioro de la infraestructura comercial.

La inversión en seguridad pública comprende desde la capacitación policial hasta la implementación de tecnología, pasando por programas de prevención social y fortalecimiento del tejido comunitario. La seguridad no es sólo responsabilidad de las fuerzas del orden: debajo de ese trabajo, y de modo cotidiano, debe campear un esfuerzo que involucre a todos los sectores de la sociedad.

Algunas personas trabajamos en esto último desde hace ya varios años.

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